El magistrado presidente Milton Ray Guevara, hizo un llamado al Estado dominicano para que se comprometa en ayudar a difundir la Constitución en las escuelas y colegios, haciendo énfasis en que enseñar la Constitución es educar en democracia.
El magistrado se pronunció durante el ciclo de conferencias “Constitución y diáspora dominicana: Avances y retos”, con su disertación “La enseñanza de la Constitución y la difusión de los valores patrios: rompiendo fronteras por una nueva generación constitucional, en la que habló de los esfuerzos realizados por el TC a favor de la enseñanza de la Carta Magna en los planteles escolares.
Ray Guevara mencionó que han suscrito tres acuerdos de colaboración interinstitucional con el Ministerio de Educación en el año 2012, 2016 y, siendo el más reciente el del 2020.
Indicó que, tras la suscripción del primer acuerdo, al siguiente año contaban con una propuesta para la Versión Escolar de la Constitución dominicana, así como guías docentes para orientar a los maestros sobre cómo transmitir la Constitución desde el aula y mediante contenidos curriculares de cada materia.
Otros de los esfuerzos resaltados por el Dr. Ray Guevara, fue la donación en el 2019, al MINERD de 283 ejemplares de la Constitución en versión braille, con el objetivo de que esa institución completara los ejemplares restantes, para los estudiantes con discapacidad visual que pertenecen al sistema educativo.
Ray Guevara dijo que el último acuerdo fue en el año 2020, con el propósito de crear la cátedra “Constitución Dominicana” en todo el sistema educativo.
El presidente de esta alta corte dice que el TC tiene el interés de que, en todas las aulas, tanto en el nivel educativo escolar, como en el superior, sean el escenario donde se enseñe de manera íntegra la Constitución.
Otro punto importante que no quiso pasar por alto, es en lo referente al artículo 63.13, considerado como el ideario educativo constitucional, que dice: El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la ley. La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo que establezca la ley”.
También habló sobre “La doble nacionalidad en la historia constitucional dominicana”, destacando que parte del trabajo del máximo órgano dominicano es asumir el papel de intérprete, de control y de guardián último de la Constitución, ya que el poder otorgado a la Constitución dominicana al Tribunal va más allá de los tribunales ordinarios, debido a que sus decisiones son de carácter vinculante y con precedentes obligatorios para los poderes público y privado.
Dijo además, que decidir a quién se le otorga la nacionalidad, es una atributo exclusivo del Estado dominicano, como lo establece la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico de RD.
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En este ciclo de conferencias, también participó el magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente del TC, con la ponencia “Constitución y diáspora dominicana: avances y retos”, mientras que el magistrado Justo Pedro Castellanos trató los temas Organización y Funcionamiento del Tribunal Constitucional, e Impacto de la Jurisprudencia Constitucional en los dominicanos en el exterior. En el caso de la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera, su disertación fue basada “Diáspora, participación ciudadana y derecho al voto de los dominicanos en el exterior”.
Al finalizar las conferencias, el Tribunal Constitucional reconoció a un grupo de dominicanos que se desempeñan como jueces en los Estados Unidos, quienes representan de forma digna y trabajadora a la diáspora en esa ciudad, marcando una trayectoria exitosa en el sistema judicial.
En esta actividad formativa que fue organizada por el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, y esta alta corte, el cónsul el Cónsul General de la República Dominicana en la Ciudad de New York, Eligio Jáquez, quien resaltó la labor de los miembros del TC para garantizar la defensa de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales de los dominicanos, mediante la interpretación y control de las leyes.
