El Partido de la Liberación Dominicana consideró que la modificación de la Ley 47-20 de Alianza Público-Privada sometida por el gobierno representa un riesgo y un peligro para el Estado dominicano, ya que le quitaría grados de libertad al gobierno central; generaría problemas de corrupción y promueve un incentivo perverso que afectaría la elección de los proyectos.
Las declaraciones fueron emitidas en el conversatorio sobre la Modificación de la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas, realizado por el PLD en la Sección Desbaratando el Muñeco transmitido por el canal de YouTube “PLD en Línea”; que fue moderado por Charles Mariotti, Secretario General e integrado por Guarocuya Félix, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos y Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del PLD.
Los dirigentes peledeístas calificaron como falta de planificación del gobierno someter el régimen de alianza público-privada, un procedimiento expedito, rápido, o simplificado, sin considerar los tipos de proyectos y el nivel de riesgo que puedan tener.
Manifestaron que en el proyecto de modificación de la Ley 47-20 de Alianza Público-Privada, el artículo 18 sobre la figura del fideicomiso y la Alianzas Público-Privada es el que representa mayor riesgo y peligro para el Estado en caso de que sea aprobada una ley con esas características.
“Es el que representa mayor peligro y riesgo en la aplicación de una ley con esas características, porque está mezclando precisamente fideicomisos con alianza público-privadas en lo que respecta al endeudamiento con fondos públicos, porque finalmente lo que estás creando es una deuda contingente para el Estado”, coincidieron en plantear los panelistas.
Advirtieron que se estarían relevando todos los mecanismos de control tanto para el modelo de fideicomiso como para la alianza público-privada, o sea se estarían igualando ambas modalidades y el Estado se endeudaría sin ningún mecanismo de control, incluyendo las establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Expresaron que de aprobarse la modificación a la Ley 47-20 la Dirección General de Alianzas Público-Privadas se convertiría en un súper ministerio con una gran inversión, porque le agregarían competencias que tienen que ver con el desarrollo de infraestructura incluso tradicional.
“El riesgo es que estamos creando un aparato que en lugar de ayudar a los ministerios compite con ellos, otorgándole partidas presupuestarias extraordinarias, que sin aprobar la modificación ya se les están transfiriendo… porque ahora hay una visión de que el estado no puede hacer las cosas y hay que entregárselas al sector privado”, puntualizaron.
Charles Mariotti recordó que cuando se aprobó la Ley 47-20 de Alianza Público-Privada en el gobierno del PLD se estableció un 0.5 de ganancia para el sector privado de los ingresos por costo total de cada proyecto, mientras que el proyecto de modificación que está sometiendo el gobierno contempla un 2 %; con lo que, por ejemplo, se destinaria dos millones de dólares para la Dirección General de Alianzas Público-Privadas por cada 100 millones que se invierta en un proyecto.
“De aprobarse esa modificación sería preocupante porque crea un incentivo perverso, ya que como la Dirección General de Alianza Público-Privada tiene interés de recibir más presupuesto se pueden terminar eligiendo proyectos no por conveniencia al país, sino para obtener más recursos; y se pueden crear términos para proyectos con una especificad que no responda a las necesidades, sino a un presupuesto determinado… están desvirtuando tanto la Ley de Alianzas Público-Privadas que podrían terminar matándola”, advirtió Juan Ariel Jiménez.
En tal sentido, Guarocuya Félix dijo que el artículo 66 ocasionaría la creación de fondo especializado que contribuirían a romper la Caja Única del Tesoro y por lo tanto quita grados de libertad al gobierno central para tomar decisiones en caso de otras necesidades que podrían ser perentorias.
Juan Ariel Jiménez dijo que las alianzas público-privada son mecanismos que se tienen para que el gobierno, en compañía del sector privado, pueda desarrollar ciertas obras de infraestructuras o proveer ciertos servicios en algunos casos particulares; en las que las partes asumen responsabilidades, compromisos y riesgos por un tiempo determinado para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía.
Recordó que el PLD siempre ha apoyado las alianzas público-privadas porque fue el partido que redactó, sometió y aprobó la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.
En tal sentido, Guarocuya Félix advirtió que lo que está planteando el modelo de modificación de la legislación vigente es que el Estado asuma todo el riesgo inherente al proyecto presente y futuro, mientras el sector privado asumiría todo el flujo de beneficios también presente y futuro que pueda otorgar ese proyecto.
“Esos son los puntos neurálgicos que el PLD ha destacado de ese proyecto para modificación de la Ley de Alianzas Público-Privadas, para catalogarlo como no beneficioso. Por supuesto que el tema de un proyecto expedito entraría en contradicción con la Ley de planificación e inversión pública vigente, aunque el gobierno está tratando de encajar dentro de esa modificación aun cuando son contradictorias”, enfatizó.
Sobre los proyectos estratégicos, contemplados en el artículo 5 de la Ley 47-20, Juan Ariel Jiménez consideró que las alianzas público-privadas deben ser parte de todo un proceso de desarrollo de infraestructura que su vez responde a una planificación que en última instancia debe responder a la visión de desarrollo que tiene una nación; por lo que lo importante es determinar si son parte del proceso de planificación del país y si tiene las características para encajar en una alianza público-privada.
“Los proyectos de infraestructura deben responder a una planificación y no a la improvisación, por lo que deben estudiarse bien; y los plazos mínimos son importantes porque se quiere que haya competencia, porque estamos hablando de proyectos complejos, que es lo que contemplan las alianzas público-privadas”, precisó el vicepresidente del PLD.
Expresó que en los proyectos de Alianzas Público-Privadas se tiene que permitir un plazo mínimo de tiempo que permita que faciliten que otros competidores puedan desarrollar y presentar sus diseños, porque solo de esa forma se puede tener competencia dentro del proceso de adjudicación; de lo contrario son proyectos “grado a grado”, que regularmente generan problemas de corrupción.
