El Ministerio Público detalla en el expediente del caso Medusa que los acusados César Nicolás Rizik Pimentel y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, le enviaron la RD$25 mil pesos al señor Moisés Ramón Moya Feliz para que falsamente afirmara ser el dueño de la empresa F & F Ezel Import, SRL. , en caso de que le contactaran para encubrir las maniobras fraudulentas cometidas en la adquisición de las acciones.
“Estas instrucciones y el dinero ofrecido le fueron enviado por los acusados, a través de su jefe Rubert Augusto Alcántara Hernández, quien es el dueño de una de las empresas de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada”, según expresa el documento del Ministerio Público.
Se debe establecer que el ofrecimiento de dinero a las interpósitas personas utilizadas incluso sin contar con su consentimiento y conocimiento, constituyó un modus operandis de la estructura utilizado con otras personas, entre ellas el señor José Ramón Vinicio a quien también le ofrecieron una suma similar para que figurara como presta nombre en la razón social Ropalma, SRL, otra empresa del entramado societario operativamente manejado por los acusados César Nicolás Rizik Pimente, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De La Cruz.
Además, detallan que el consorcio criminal de los acusados José Miguel Estrada Jackson y Cesar Nicolás Rizik Pimentel, la PGR encontró que la empresa Herrajes Rachel S.R.L., adquirida por los acusados en el año dos mil diecisiete 2017 había ganando inmediatamente una adjudicación en un proceso de licitación pública amañado, efectuado por la Procuraduría General de la República durante la gestión del ex Procurador, hoy acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Según el expediente del órgano como práctica recurrente de los acusados José Miguel Estrada Jackson y Cesar Nicolás Rizik Pimentel, al momento de adquirir nuevas empresas de carpetas a través de interpósitas personas, como es el caso de la empresa Herrajes Rachel, SRL, mediante la misma acta de asamblea que autorizaba la venta a favor de sus prestanombres, el domicilio y/o el objeto social, solían ser modificados con el objetivo de encausarla al objeto de la licitación pública realizada por la Procuraduría General de la República para el suministro de alimentos crudos a las cárceles.
