Las bandas criminales de Venezuela han “adoptado estructuras organizacionales, sistemas logísticos e incluso estrategias de imagen corporativa de la guerrilla colombiana”, denunció la ONG Fundaredes en un boletín difundido este miércoles.
La entidad indicó que la interacción entre grupos de delincuencia común y organizaciones paramilitares con presencia en zonas fronterizas ha incidido en lo que denominan la “mutación de la criminalidad y de sus agentes en Venezuela”.
De acuerdo con el monitoreo de Fundaredes, con especial énfasis en los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón, se registró un incremento en la actividad delictiva y se identificaron, “por lo menos”, 22.500 personas que forman parte de organizaciones armadas, entre las que destacan 18 “megabandas”.
Igualmente, la ONG identificó la presencia de “28 grupos armados irregulares” que incluyen diversos frentes de las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como organizaciones internacionales del narcotráfico como el cartel de Sinaloa y “grupos aislados”.
Te puede interesar: Inflación en Venezuela se eleva a 14.5 % en junio
Sostuvo que las estructuras delictivas como el tren de Aragua, tren del Llano, tren de Guayana, tren de la Muerte, los Meleán, Yeico Masacre, los sindicatos, entre otras, “han extendido el control territorial desde sus estados originarios hacia la frontera o hacia otros estados vecinos estableciendo rutas seguras” para el tráfico ilegal.
“La presencia de estos grupos armados irregulares, bandas criminales y sindicatos en la frontera suroccidental de Venezuela lleva implícita una permanente violación a los derechos humanos de quienes habitan estas zonas, así como de aquellos que transitan por esos territorios para emigrar del país”, indicó Fundaredes.
Ante los hechos denunciados, la ONG reiteró el llamado a que se establezca una “política integral” de protección de los derechos de los venezolanos y de desarticulación de los grupos armados irregulares y bandas que ponen en riesgo “la integridad y la vida de la población”.
