La República Dominicana fue el país que vio la mayor mejora en su puntuación en la lucha contra la corrupción (5.19) y registra una trayectoria ascendente en los dos últimos años.
«República Dominicana es un caso de éxito que nos ha llamado mucho la atención«, subraya Silvana Amaya; que detalla que el acceso público a la información y la transparencia del Gobierno han mejorado particularmente en el país.
Uruguay y Costa Rica son los países de América Latina con mayor capacidad para identificar y castigar la corrupción; según un informe publicado que dibuja un «panorama heterogéneo» en la lucha contra los abusos de la gestión pública en la región y destaca retrocesos en México y Brasil.
Los últimos tres países del ránking latinoamericano elaborado por el laboratorio de ideas Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks son Guatemala, Bolivia y Venezuela, en las mismas posiciones que ocupaban en el listado de 2021.
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Esta es la cuarta edición de un estudio que puntúa a los Estados en función de variables como la independencia de sus instituciones judiciales; la influencia del periodismo de investigación y los recursos dedicados a combatir la corrupción.
A pesar de una caída de casi 5 % en su puntuación global, Uruguay volvió a ocupar la primera posición, que ha mantenido desde 2020.
La puntuación del país (un 7.42 sobre 10) desciende este año en aspectos como la eficacia de sus organismos anticorrupción y los recursos disponibles; pero aun así supera la media regional en todas las variables analizadas gracias a sus «instituciones independientes«, recalca el informe.
Costa Rica (7.11) registró un crecimiento general del 10 % con respecto al año anterior, superando a Chile (6.88) por primera vez en el ránking. El país experimentó una «mejora moderada» tanto en la categoría de «capacidad legal» contra la corrupción como en la de «democracia e instituciones políticas».
Argentina, en cambio, ha visto su puntuación reducida en un 2 %, hasta una nota global de 5.04; y cae hasta la sexta posición debido al retroceso en cuando a la independencia y eficiencia de sus organismos anticorrupción.
