El Consejo de Defensa del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez responsabilizó este viernes al presidente de la República, Luis Abinader, y al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de los allanamientos realizados por el Ministerio Público a varias propiedades del exfuncionario.
Carlos Balcácer, parte de la defensa del exmagistrado, dijo que las acciones de la Procuraduría General de la República que encabeza Miriam Germán responde a un programa político de Abinader y Paliza.
Aseguró que el Ministerio Público no es independiente, al tiempo de advertir que los funcionarios del Ministerio Público podrían ir presos en el futuro por los supuestos atropellos que están cometiendo.
“Y esto es un plan que ha trazado el presidente de la República, es un programa político que él tiene, no es PRM como partido, es Luis Abinader y Paliza el pica piedra ese, son ellos dos los que están detrás de esto, utilizando dizque una independencia fantasmagórica del Ministerio Pública”, indicó Balcácer.
El Ministerio Público informó este viernes que se incautó de tres bienes supuestamente propiedad del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez como parte de la investigación que desarrolla el organismo en contra del presunto entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Medusa.
Así lo informó en un comunicado el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al rebatir informaciones de la barra de la defensa de Rodríguez, que denunció que las autoridades habían allanado las oficinas de los abogados del exfuncionario.
“Lo que sucedió en el día de hoy fue un proceso de incautación, se incautaron tres bienes en el Distrito Nacional”, indicó Camacho con respecto a las dos oficinas y un bien inmueble ocupados.
Camacho dijo que el proceso se realizó con autorización judicial pero que esas no han sido las únicas incautaciones que se han hecho “en este proceso en relación a esa persona investigada”, ya que hace unas dos semanas “se hicieron otras incautaciones en La Romana, cuatro incautaciones de bienes, al menos, entre ellos una villa y un solar.
“No se allanaron, se incautaron, eso significa que esos bienes irán al proceso para que un juez decida sobre el decomiso de esos bienes, que a juicio del Ministerio Público han sido adquiridos con dinero sustraído de los fondos públicos”, afirmó.
Entre los últimos bienes ocupados como parte de la Operación Medusa figuran, en La Romana, una villa turística en bahía Chavón, con una extensión de 2,192.45 metros cuadrados, y un solar de 3,366 metros cuadrados en Vista Lagos, además de un depósito y un puesto de amarre en La Marina de Casa de Campo.
En el Distrito Nacional se ocupó un piso de oficinas en la Torre Solazar, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart con un área de 652 metros cuadrados y varios estacionamientos.
Según la Pepca, el inmueble fue adquirido por la sociedad comercial Jurinvest Abogados, propiedad de Rodríguez Sánchez, el 12 de octubre de 2020 a un costo de 800,000 dólares.
Además, en la misma avenida se le ocupó un local de 175.31 metros cuadrados, en el edificio Galerías Residenciales, ensanche Julieta Morales, y un apartamento de 235 metros cuadrados ubicado en el Condominio Torre Gabriela XIX.
De su lado, los abogados de Rodríguez denunciaron en rueda de prensa que el Ministerio Público “allanó las oficinas de trabajo” de donde se diligencia la defensa técnica de cara a rebatir los cargos que se le imputan a su defendido.
“Sin previo aviso y concluido el plazo establecido por la ley para la finalización de la investigación, que culminó el pasado jueves 8 de junio a las 12.00 de la madrugada, se presentaron (este viernes) miembros del Ministerio Público de manera atropellante a la sede de donde opera el Consejo de Defensa a realizar un allanamiento de documentos de manera supuestamente temporal”, dijeron los abogados en un documento.
Aseguraron que, de acuerdo a la ley 3-19, las autoridades competentes tienen la obligación de velar porque los abogados tengan acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que estén en su poder o bajo su control con antelación suficiente para que puedan prestar a sus clientes una asistencia jurídica eficaz.
“Es vergonzoso que a esta fecha y luego de causar tanto daño moral, apresar a inocentes, usurpar sus bienes, y valerse de tanta perorata mediática Wilson Camacho y Yeni Berenice no estén preparados para presentar las evidencias requeridas, que sustenten la medida de coerción de la operación en la que involucran a nuestro defendido”, dijeron los letrados a cago de la defensa de Rodríguez.
El pasado martes, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó una solicitud de puesta en libertad interpuesta por Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa, argumentando que el 9 de junio venció el plazo otorgado al Ministerio Público para investigar.
El expediente del caso expone que el exprocurador y los demás imputados integraban una presunta red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, supuestamente estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.
