El 17 de diciembre del 2021, el Ministerio Público, encabezado por la procuradora Miriam Germán Brito, inició una ofensiva contra la corrupción administrativa con sonados expedientes de corrupción que involucran a funcionaros de la pasada y presente gestión de Gobierno, que a más de un año están dando tumbo en la Justicia, sin que se vislumbre luz al final del túnel.
Con más de un año y hasta un año y cinco meses de haberse conocido medida de coerción, aún no hay nada conclusivo con los casos de Antipulpo, Coral y Operación 13.
En diferentes estatus judiciales están estos expedientes que involucran a servidores de las administraciones de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, así como del Gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno.
Al menos Operación 13 y Antipulpo están en juicio preliminar, mientras que la Operación Coral se está a la espera acusación formal contra los encartados.
Conocen hoy medida de coerción a Cáceres y demás implicados en Operación Coral
ESTE MIÉRCOLES PRESENTARÍAN PRUEBAS CASO CORAL. Para principios de la segunda quincena de este mes de mayo vence el plazo otorgado por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, al Ministerio Público, para presentar acto conclusivo contra el general Adán Cáceres y los demás implicados en el societario de corrupción denominado Operación Coral.
Sin embargo, una fuente del Ministerio Púbico aseguró que las pruebas serían presentadas este miércoles.
El pasado 20 de abril, el magistrado Mejía intimó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución para presentar acusación en contra de los encartados.
La intimación fue hecha al MP el pasado 20 de abril e implica 20 días laborables para proceder.
En enero pasado, el Primer Juzgado de la Instrucción ya había concedió otro plazo de 60 días al Ministerio Público para presentar la acusación formal del caso que involucra al mayor general Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Este caso se destapó el 24 de abril del 2021, o sea, ya tiene más de un año y 12 días y aún no hay ni acusación formal.
Ante esta situación, rocurador adjunto Wilson Camacho, director de la Pepca, dijo que la acusación que presentará el Ministerio Público contra los involucrados en el societario de corrupción religioso-militar incluirá a nuevos imputados y empresas.
“Esta acusación, como hicimos, en la Operación Antipulpo, va a traer nuevas personas involucradas, nuevas personas jurídicas, empresas involucradas. Cuando se deposite esta acusación, se verá por qué el Ministerio Público se toma todo el tiempo necesario para presentar de manera completa en las acusaciones las estructuras que participan en estas operaciones”, añadió.
JUICIO PRELIMINAR OPERACIÓN 13.- hace tres días se produjo un año del fraude cometido en la Lotería Nacional, siendo el primer expediente de corrupción que involucra a funcionarios de la presente administración del PRM.
El expediente está en fase de juicio preliminar, cuya audiencia está prevista para el 19 de este mes, en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El primero de mayo del 2021 se destapó el escándalo del sorteo de la Lotería Nacional montado con el número 13.
La jueza Kenya Romero dictó un año de prisión preventiva contra los imputados: Luis Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional; William Rosario y Eladio Batista.
También contra Valentina Rosario, presentadora del sorteo, Carlos Berigüete, Jonnathan Abreu y Felipe Toribio, quienes guardan arresto domiciliario.
Mientras al camarógrafo Edison Perdomo se le impuso una fianza de 500 mil pesos y presentación periódica, así como a Miguel Mejía, encargado de sacar el bolo de la tómbola, y al chofer Rafael Mesa, les impusieron presentación periódica e impedimento de salida del país.
Después de un año del fraude del fraude de la Operación 13, aún sigue prófugo Leónidas Medina Arvelo, implicado en el caso.
LUNES 16, AUDIENCIA PRELIMINAR CASO ANTIPULPO. El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, aplazó para el próximo 16 de mayo la audiencia preliminar contra todos los encartados en el supuesto entramado de corrupción denominado Operación Antipulpo.
El motivo del aplazamiento fue el otorgamiento de un plazo al Ministerio Público para que reciba las pruebas solicitadas en distintas instancias como: la Cámara de Cuentas, y para que la defensa tenga acceso y conocimiento de esas pruebas.
También, influyó la ausencia de dos abogados y la presencia de dos implicados que habían sido declarados en rebeldía.
Este caso fue el primero de la lucha contra la corrupción desatada por el Ministerio Público independiente, el 17 de diciembre del 2021. El expediente consta de tres mil 500 páginas.
Están acusado de estafa millonaria contra el Estado, Alexis Medina Sánchez; su hermana Magalys Medina Sánchez; Fernando Rosa, exdirector del Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona.
También Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.
Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presenta cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
