República Dominicana ha experimentado cambios positivos en materia de libertad de expresión, consideró la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al dar lectura este lunes a las conclusiones de la reunión de medio año que realiza el referido organismo en Punta Cana, provincia La Altagracia. En dicho escenario aprobó el informe dominicano que incluyó la denuncia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sobre supuestas presiones a dos televisoras privadas para que no difundieran un corto documental sobre alegados actos de corrupción por parte del gobierno.
Asimismo, ponderaron la decisión del Tribunal Constitucional de eliminar parcialmente la criminalización de la difamación en la Ley de expresión y difusión del pensamiento, aunque la misma se mantiene en el Código Penal de la República Dominicana.
También destacó que en la reunión se logró la firma por parte del presidente Danilo Medina y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a la declaración de Chapultepec.
En dichas conclusiones, la SIP enumeró como principales atropellos a la prensa en la región: asesinatos de periodistas, impunidad, amenazas y presiones, es decir, que los países miembros coincidieron en que periodistas sufren presiones por parte de gobiernos y narcotraficantes.
SOBRE LA DENUNCIA DEL PRM
Se recuerda que el secretario general del PRM, Jesús (Chu) Vázquez, y el coordinador general de Campana, Roberto Fulcar, explicaron que para la noche del pasado viernes tenían pautados varios documentales sobre la vinculación del publicista brasileño Joao Santana, detenido por alegada corrupción, el exnarcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo y el presidente Danilo Medina, quien aspira a reelegirse en el cargo.
Conforme al PRM, de último minuto en los medios de comunicación donde se difundiría el material audiovisual le informaron que no se pasaría, lo que llamó la atención del comando de campaña de Luis Abinader.
El ex presidente de la SIP, Rafael Molina Morillo, solicitó ante el organismo una investigación profunda por suspensión de la transmisión del documental del PRM en dos canales de televisión nacionales (Color Visión y Telesistema).
De su lado, el empresario José Luis (Pepín) Corripio, admitió que les “recomendaron que había dos o tres puntos que eran temerarios y sujetos a demandas porque lo que el rumor público podría suponer sobre determinadas personas no estaba confirmado y era una suposición de rumor que se estaba dando como un hecho cierto y eso podía implicar una responsabilidad para el medio”. Se trata del propietario de Telesistema, canal 11.
Tomado de: CDN.com
