El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reveló que la comisión de la Defensoría del Pueblo acudió al Canódromo, porque “había recibido reclamaciones de ciudadanos sobre situaciones que alegadamente ocurren dentro del centro”.
Asimismo sostuvo que el Centro de Retención Vehicular o Canódromo funciona como una estructura de corrupción, en la que se vulneran los derechos de los ciudadanos.
Ulloa aseguró que, pese a que fue destituida ayer la coronela Isabelita de los Santos Pérez, en el canódromo supuestamente hay un contubernio que va más allá de una oficial.
“Ahí hay un contubernio que va más allá de una coronela, están asociados a los fines de extorsionar y chantajear y fueron los mismos que nos agredieron, eso es una asociación de malhechores ahí”, afirmó Ulloa.
El representante del Pueblo manifestó que espera también sean investigados los demás agentes que participaron en la agresión en su contra.
El defensor señaló que entre los mecanismos que se utilizan en el canódromo está la extorsión y la violación a la propiedad privada.
“Tenemos también reclamaciones de ciudadanos de que les cobran peajes, que no les entregan el vehículo habiendo pagado la multa en tiempo y en plazo, por ejemplo, yo te pago una multa a las 12 del día y a las 5 de la tarde cuando todo va a cerrar yo me acerco y te digo dame mil y te lo saco”, aseveró el funcionario al ser entrevistado en un medio de prensa local.
Asimismo explicó que otro de los mecanismos es solicitar un pago al ciudadano para cuidarle su vehículo.
“Otro es, por ejemplo, te cobro dinero para que tu vehículo, tu motor no sea maltratado, eso es peaje, al fin y al cabo, te estoy garantizando un bien que no tiene un documento de por qué entró, y qué características, y cuándo me roban un retrovisor o me roban los aros o goma de repuesto, quién me repone, dónde está la responsabilidad patrimonial, la Digesett es responsable”, indicó.
