La Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó la “Guía Práctica del Programa de Tratamiento bajo Supervisión Judicial de la República Dominicana”, que ofrece alternativas al encarcelamiento, acceso a tratamiento, rehabilitación e integración social a favor de personas en consumo problemático de drogas, infractores de la ley, que enfrentan el sistema de justicia penal por delitos menores de bajo impacto.
La ejecución del programa y la presentación de esta guía es fruto de un trabajo interinstitucional entre el Poder Judicial dominicano, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Consejo Nacional Drogas y la Procuraduría General de la República, con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD/OEA).
La Guía fue financiada por el Gobierno de Canadá a través del Anti-Crime Capacity Building Program (ACCBP, siglas en inglés) por medio del Programa “Género en el Sistema de Justicia Penal: Explorando Alternativas al Encarcelamiento basadas en la evidencia para delitos relacionados con las drogas” y tiene como principal objetivo brindar las herramientas básicas para consolidar el modelo desde una perspectiva de género, con enfoque interseccional y diverso.
En la actividad estuvieron presentes el secretario de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), Adam E. Namm; la embajadora de Canadá en República Dominicana, Christine Laberge; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, mayor general Jaime Marte Martínez; el primer Sustituto de la Procuraduría General de la República, Rodolfo Espiñeira; la representante de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Araceli Azuara; y el director Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín.
Durante el acto, Adam Namm expresó que la Guía no sólo será un referente procedimental para otros países, sino que también lo será por aportar, por primera vez en la región, una perspectiva de género en este tipo de documentos.
Dijo que este documento es importante para la Secretaría Ejecutiva de CICAD porque permite aterrizar en lo concreto acciones que han sido consensuadas por los Estados Miembros a través de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas vigente, y su correspondiente Plan de Acción 2021-2025.
Explicó que el objetivo número cuatro del Plan de Acción recomienda a los Estados Miembros que diseñen, adopten e implementen alternativas al encarcelamiento para delitos menores/no violentos relacionados con drogas, bajo un enfoque de salud pública, derechos humanos y con perspectiva de género.
De su lado, el magistrado Luis Henry Molina Peña afirmó que el Programa Tratamiento bajo Supervisión Judicial representa un gran avance en la búsqueda de respuestas de justicia para la protección efectiva de los derechos de las personas, un instrumento de trabajo que permite brindar orientación técnica para la aplicación de un tratamiento adecuado a las personas involucradas en casos de consumo de sustancias psico-activas.
“La guía que hoy se presenta abre la posibilidad de un proceso que implica acuerdos judiciales que hacen vigente la vocación del Poder Judicial y del Estado dominicano, por garantizar la dignidad de las personas. Rompe, además, el circulo vicioso de la reincidencia y la congestión de las cárceles, permitiendo evitar las recaídas y alejarse definitivamente del consumo de sustancias controladas”, afirmó Molina Peña.
Mientras que la presentación de la Guía estuvo a cargo de la doctora Mercedes Ivelisse Germán del Consejo Nacional de Drogas, la magistrada Kenya Romero Severino, jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional y la doctora Ruth Santana, representante del Ministerio de Salud.
La guía incluye los siguientes temas: concepto, principios y ámbitos de intervención del tratamiento bajo supervisión judicial, el equipo multidisciplinario y el rol de las personas integrantes, la identificación de recursos y actores estratégicos, fases o etapas del modelo, las buenas prácticas para la operación del programa, elementos mínimos para el monitoreo y la evaluación y recomendaciones para su crecimiento y expansión.
En la República Dominicana el TSJ fue desarrollado como una alternativa a la justicia penal ordinaria, para personas que cometieron un delito menor (posesión simple, asalto simple sin lesiones graves, robo simple y posesión de armas) relacionado con el consumo de drogas, con el objetivo principal de apoyar en su rehabilitación y reintegración a la comunidad.
El tratamiento bajo supervisión judicial al drogodependiente que enfrentan delitos menores fue puesto en marcha en el año 2013 como parte de un proyecto piloto en el Distrito Nacional y se prevé la expansión de este programa de manera escalonada a nivel nacional, con el trabajo aunado de todas las instituciones que intervienen y con el apoyo de la CICAD/OEA.
