La procuradora general, Miriam Germán Brito, dijo en su discurso de rendición de cuentas de 2021 que el estatus que corresponde en la actualidad al Ministerio Público de República Dominicana es el de un órgano constitucional autónomo o extrapoder, como bien anticipó el Tribunal Constitucional en una sentencia de principio.
Germán Brito, también expresó que “el MP cuenta con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, un sistema de carrera paralelo al de la judicatura y garantías institucionales que permiten su autogobierno de forma análoga al Poder Judicial”.
“La autonomía que la Constitución atribuye al Ministerio Público es complementada por una ley orgánica que no deja espacio para instrucciones o interferencias del Poder Ejecutivo en la dirección de la investigación penal y el ejercicio de la acción pública”, indicó.
La magistrada aseguró que eso no significa que no deba mantener en determinados ámbitos relaciones de coordinación con otros órganos e instituciones del Estado, ya que entiende que la efectividad de la persecución penal está interconectada a las funciones de investigación, análisis forense o control de las finanzas públicas y privadas que ejercen otras instituciones.
“De ahí que la independencia funcional del Ministerio Público no exime el deber de cooperación institucional para el logro de objetivos comunes en beneficio de la sociedad dominicana”, señaló.
La mayor representante del órgano persecutor, consideró que constituye una inconsistencia lógica y formal que la persona que ocupe la Procuraduría General de la República, como máximo representante del Ministerio Público, carezca de protección institucional para la permanencia en el cargo por un plazo determinado, contrario a lo que sucede en otros órganos constitucionales como el Banco Central, la Cámara de Cuentas o cl Defensor del Pueblo.
“La permanencia en la dirección de una institución tan delicada no debería depender de la voluntad de quien le nombra y puede removerle a discreción, sino es necesario institucionalizarlo”, aseveró.
La procuradora afirmó que “al margen de si se realiza o no una reforma constitucional, mientras estemos al frente del Ministerio Público, continuaremos impulsando su transformación institucional, comprometidos a cumplir con las normativas que aseguren la transparencia, la planificación y la coordinación institucional”.
“Actuaremos siempre en el marco de la cooperación horizontal entre los poderes y los órganos del Estado, pero sin subordinación o control administrativo de ningún órgano infraconstitucional, ya que ello comprometería la autonomía que nos la Constitución, “aseguró la magistrada.
