En el mundo de la información, las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo. Recientemente, autoridades mexicanas y estadounidenses han integrado un voluminoso expediente criminal en el que se acusa que ex funcionarios y pseudoperiodistas amenazan a empresarios y políticos con “manchar” su imagen, sino les pagan cuantiosas sumas de dinero.
Las principales víctimas de “fake news” han sido empresarios de Baja California, Sonora y San Diego (Estados Unidos), cuyas denuncias comenzaron a surgir en noviembre de 2018.
Los extorsionadores operan a través de portales como “El Tijuanense”, “Diplomático”, “Noticias de Google”, “Exacto Noticieros”, “Acertijos de Sinaloa” y “Notired.com”, donde publican campañas de difamación sobre los negocios, familias, y allegados de los empresarios.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el diario Reforma, los criminales detectan a sus víctimas y luego les piden USD 100.000 para no generar o quitar información que les perjudique.
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En diciembre de 2018 se dio a conocer en el expediente del caso 03309/ 2018 NUC No. 04-2018-55438, que José Santiago Correa Collazo, a quien se identificó como líder de la banda, se le relacionaba con René Arzate García, presunto sicario del Cártel de Tijuana.
Correa Collazo fue detenido el 15 de diciembre de 2018 justo cuando un empresario le entregaba dinero para que dejara de molestarlo en redes sociales y varios portales locales que utilizaba para sus campañas calumniosas.
El criminal fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde le dictaron prisión preventiva por el delito de extorsión. Aunque otras denuncias se sumaron en su contra, la jueza Patricia Hernández acordó dejarlo en libertad, luego determinar que la extorsión no era un delito grave.
Aunque esta decisión se revocó en febrero, hoy el acusado se encuentra prófugo de la justicia.
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Nuevo “modus operandi”
La banda de Correa Collazo, está integrada por Marco Antonio Lora, Alejandro Jiménez(quien se decía reportero de Televisa y amigo de Joaquín López Dóriga), Mariano Soto Cortez, Saúl Omar Castro y Ricardo Osuna (presunto funcionario del área de Aduanas en Tijuana y del gobierno de Baja California).
Mariano Rafael Soto, quien tiene varias averiguaciones en su contra, fue protegido por la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado, bajo el argumento de que había recibido amenazas, por lo que la dependencia lo acogió en el programa de protección a periodistas, ofreciéndole beneficios de rigor.
De acuerdo a investigaciones de la Procuraduría de Baja California, Correa Collazo construyó una red de portales noticiosos para emprender las campañas difamatorias en contra de sus víctimas. Luego, elegía a empresarios, políticos, y funcionarios públicos para comenzar a publicar sus historias falsas.
Para que las noticias tuvieran impacto social, el hombre compraba likes, y así ganaba seguidores. Vía telefónica, les decían a sus víctimas que “venía lo más duro sino cooperaban”. El expediente de este caso señala que las extorsiones nunca bajaban de USD $100,000.
El lanzamiento de las “fake news” estaba planificado, cada integrante del grupo se dividía entre las labores de edición de video, investigaciones, redacción de textos y finalmente su publicación en redes y sitios web.
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Perturban a empresarios “gringos”
En Estados Unidos, El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) también investiga el caso, pues en San Diego, California, el grupo ha extorsionado a varios personajes, además de que esta ciudad les sirve como refugio.
La policía estadounidense ya cuenta con una amplia lista de portales que los criminales utilizaban para difundir información falsa. Los agentes han dicho que los periodistas fueron usurpados como nueva forma de delinquir.
INFOBAE
