El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público concentra sus esfuerzos en perseguir estructuras organizadas para depredar el erario, las cuales son desmanteladas a través de operaciones dirigidas por fiscales.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se refirió al tema al ser abordado por los periodistas luego de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificara de nuevo las medidas de coerción a varios de los imputados por corrupción del Caso Medusa, que involucra al ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez y a varios funcionarios de la gestión que encabezó entre 2016 y 2020.
“Nosotros no perseguimos casos, nosotros perseguimos estructuras que se han dedicado a depredar el erario, por eso nosotros hacemos operaciones. ¿Por qué? Porque nuestras operaciones procuran desmontar esas estructuras. En Pulpo, por ejemplo, se pudieron haber hecho varios casos, un caso para el tema de las Edes, un caso para el tema de la Policía, un caso para el tema de la Oisoe, un caso para el tema de salud pública…, pero la forma de perseguir la corrupción caso a caso es una forma desfasada y que nos tomaría toda la vida”, dijo.
“La forma correcta de perseguir el crimen organizado, y perseguir la corrupción, es la de desmontar estructuras de corrupción, y nosotros estamos concentrados día y noche en trabajar en esa dirección y seguir desmontando estructuras de corrupción en República Dominicana”, sostuvo.
El titular de la Pepca refirió “si hay una cuestión que está clara en los procesos que nosotros hemos llevado a los tribunales, es que todos son procesos blindados, demostrado en los tribunales”.
En ese sentido, destacó “hemos presentado una acusación, por ejemplo, en Pulpo, y es la única acusación que ha existido en este país con más de 3,400 páginas, más de 2,000 evidencias, y esas evidencias con más de 100,000 archivos”. Dijo que eso garantiza tener ganancia de causa.
Al ser cuestionado sobre una supuesta campaña de información impulsada por un imputado de corrupción en las redes sociales, respondió que no tienen tiempo para darle seguimiento a ese tipo de publicaciones.
“Miren, nosotros, realmente, tenemos muy poco tiempo para darle seguimiento a esas cuestiones que se pueden publicar. En las redes no hemos visto ningún tema con relación a la interpelación, y la razón por la que no tenemos tiempo es porque nosotros estamos concentrados en trabajar, en procesar estructuras de corrupción que depredan el erario”.
Camacho enfatizó en que “no tenemos espacio y no nos vamos a desconcentrar en ese objetivo; nuestro principal objetivo es procesar personas, procesar estructuras por casos de corrupción y recuperar el dinero que se ha sustraído de los fondos públicos”.
Destacó que los procesos son pruebas. “En los procesos, y eso es algo en lo que nosotros somos muy reiterativos, los procesos no son argumentos; los procesos son pruebas a los tribunales, a los jueces se convencen con pruebas”.
En sus respuestas a la prensa, el titular de la Pepca destacó que “por eso, por ejemplo en esta revisión de medida de coerción de la Operación Medusa, la jueza acaba de ratificar las medidas de coerción y ha dicho que lo que se le ha presentado (la defensa) han sido presupuestos insuficientes como para que ella tomara una decisión en sentido contrario”.
El procurador adjunto insistió en que están concentrados en recabar pruebas y en que cada una de las investigaciones que realizan, primero, pueda agotar cada una de las líneas de investigación; segundo, que se aborde a cada una de las personas que se involucran en cada una de esas líneas de investigación, sin importar cómo se llame, y tercero, conseguir las pruebas suficientes para llevar esas personas ante los tribunales con procesos blindados.
“De ese objetivo, a nosotros nada, absolutamente, nada, nos va a desconcentrar”, concluyó el procurador adjunto Camacho.
La medida otra vez les fue confirmada a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quien desde julio del pasado año cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.En tanto que la prisión domiciliaria a Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercede Marte y Jenny Marte Peña.
La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz adoptó la decisión tras acoger el pedimento del Ministerio Público para que se mantengan las medidas de coerción en contra de los encartados.
En el caso del exprocurador Rodríguez Sánchez y el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación, Javier Alejandro Forteza Ibarra, a quienes les fueron ratificados en diciembre los 18 meses de prisión preventiva que cumplen en Najayo Hombres, la revisión obligatoria está programada para el próximo 19 de marzo.
El proceso judicial también involucra al exasesor de Comunicación Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.
De igual manera a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado el pasado año en España y solicitada su entrega a la República Dominicana.
Según consta en el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El pasado viernes, luego de dos aplazamientos a solicitud de la defensa de los encartados, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó hasta este martes 22 de febrero la revisión obligatoria de la medida de coerción que pesa contra varios de los imputados.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados también de infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
