Un equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) realizó un descenso a la reserva científica Loma Quita Espuela, en el cual pudo comprobar violaciones ambientales graves por parte de dos empresas identificadas como 1-2 Tree Organics y Hacienda Ambrosía.
La investigación de los delitos ambientales en la reserva ubicada en la Cordillera Septentrional llevó a la citación del señor Gerardo Navarro, representante de las empresas investigadas por violación a varios artículos de la Ley 64-00 sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
El equipo de fiscales de la Proedemaren que acudió al lugar estuvo integrado por Porfirio Estévez, José Beato, Rudy Pérez, Héctor Peralta y Juana María Brito.
Los representantes del Ministerio Público contaron con el apoyo técnico de los ecologistas Eleuterio Martínez, Milton Martínez, Luis Carvajal y Carmen Veliz, de la Academia de Ciencias de República Dominicana y la Comisión Ambiental de la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dos instituciones que respaldan a la Proedemaren en el marco de la cooperación permanente por la preservación de los recursos naturales.
Los fiscales de la Proedemaren pudieron constatar daños graves al medio ambiente por parte de las empresas, como la destrucción de su zona de amortiguamiento, la interrupción de su curso hídrico y la tala de árboles que son especies exclusivas de la zona.
Incluso comprobaron la presencia de huellas de un gredar introducido por las empresas para abrir un camino a lo largo de la reserva, eliminando la vegetación de la ruta y rompiendo la continuidad de la flora en esa zona protegida, informó la Proedemaren.
Deploró, además, las tuberías instaladas por las empresas para desviar los cursos del agua, en detrimento de una reserva natural sensible y hábitat de especies de árboles exclusivos.
La Proedemaren comprobó que las empresas obstaculizan el acceso al área protegida, incluso impidiéndole el camino a los guardaparques designados por el Estado dominicano para que supervisen el cumplimiento de las normas de protección ambiental de esa importante reserva científica del país.
