El pasado 4 de enero el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho solicitó una extensión de cuatro meses para hacer la presentación formal de acusación en contra de los imputados en el caso Coral.
La solicitud que realizó el titular de la Pepca, fue dirigida al tribunal que preside el juez Raymundo Mejía, quien deberá decidir si acoge o no el pedimento del Ministerio Público.
La petición fue depositada ante la coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien enviará la solicitud al tribunal control de las investigaciones en contra de los acusados de pertenecer a la supuesta red que movió más de 240 millones de pesos en perjuicio del Estado.
En la petición realizada por el Ministerio Público indican que mantienen una investigación activa contra la red de corrupción de la que, figuran como imputados la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.
El grupo es acusado de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público llevan a cabo la investigación y litigación del caso.
El entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
