El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez anunció este lunes que solicitan la fijación de la audiencia para conocer el recurso de casación ante la violación a la que fue víctima su cliente, debido a que los plazos de respuesta han vencido por lo que según establece la ley, el mismo adquiere carácter de admisibilidad.
De acuerdo a la defensa del imputado, la Suprema Corte de Justicia estaba obligada a dar respuesta a la solicitud del recurso de acuerdo a los plazos establecidos por el Código Procesal Penal, los cuales establecían unos 30 días posterior al sometimiento del mismo. Vencido este plazo de manera ventajosa, se da por asumido de acuerdo al Artículo 154 del referido código, que el mismo ha sido admitido.
“Debido a que la Suprema Corte de Justicia no ha planteado una respuesta definitiva sobre el recurso de casación sometido el pasado 12 de octubre, han transcurrido dos meses y ocho días, el doble del período establecido por la ley y de acuerdo a acta levantada por un alguacil de la propia SCJ, el recurso adquirió admisibilidad según el Art. 154 del Código Procesal Penal”, indicó Carlos Balcácer.
El Art. 154 del Código Procesal Penal establece que cuando la Suprema Corte de Justicia no resuelve un recurso dentro de los plazos establecidos por el código, se entiende que ha admitido la solución propuesta por el recurrente. Al no recibir respuesta por el acto de alguacil para el pronto despacho de la respuesta enviado el viernes y por la reiteración enviada esta mañana, los miembros de la defensa apelan que se fije la fecha de la audiencia en la Alta Corte para conocer la violación y atropello a la que fue sometida el exprocurador.
“Esperamos que los honorables jueces que conforman la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia fijen fecha para la audiencia de conocimiento de dicho recurso a la mayor brevedad posible”, añadió Balcácer.
Gustavo Biaggi Pumarol, sostiene que “la imputación a la que la PEPCA atribuye mayor peso, es la relativa al Plan de Humanización Penitenciaria, en específico La Nueva Victoria. Al hacerlo, realmente lo que se busca es minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional, que fue iniciado por su cliente y ratificado por la actual gestión de la Procuraduría General”.
“Las seis empresas elegidas constan de alto reconocimiento, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados. Fueron seis contratistas aprobados bajo el marco de unas licitaciones que fueron aprobadas como regulares. Construcciones que cuentan con los debidos estudios de suelo, contemplando el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras”, expresó Biaggi.
Desde julio pasado el exprocurador Rodríguez y los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección de Najayo Hombres, en San Cristóbal, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
