La implantación de la versión más estricta de la ley islámica(sharía) en el sultanato de Brunéi avanza inexorablemente. En el 2014, el severo Código Penal ya impuso multas o penas de cárcel por delitos como el embarazo fuera del matrimonio o la ausencia a la oración de los viernes. Un año después, se prohibió la celebración de la Navidad para los musulmanes (el islam es la religión oficial del país, que practica el 80% de los habitantes), so pena de pasarse hasta cinco años en prisión. Si nada o nadie lo remedia, a partir de la próxima semana se castigará con la pena de muerte por lapidaciónel adulterio o las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Justicia made in Arabia Saudí en pleno Sudeste asiático.
Gays y lesbianas nunca lo han tenido fácil en esta nación. La homosexualidad ya era ilegal durante el casi un siglo de dominio colonial británico, una situación que se mantuvo tras alcanzar la independencia en 1984. Hasta ahora, la ley contemplaba penas de hasta diez años en prisión. Pero con su catalogación ahora como delito capital, los ajusticiados podrán ser castigados a morir apedreados. Las nuevas leyes también incluyen medidas muy severas contra el robo, como la amputación de la mano derecha por una primera infracción y del pie izquierdo por un segunda.
Las nuevas leyes castigan el robo con la amputación de la mano derecha, y del pie izquierdo si se reincide.
En el imaginario colectivo, el nombre de Brunéi evoca paisajes exóticos cuajados de palmerales, aventuras de piratas y corsarios e historias de riquezas inabarcables como la de su sultán, Hassanal Bolkiah, uno de los hombres más ricos del mundo con los 20.000 millones de dólares que descansan en su cuenta corriente y un complejo palaciego con 1.778 habitaciones y 290 baños.
Sin embargo, aunque los estándares de vida de sus 450.000 habitantes se sitúan entre los más altos del planeta gracias a las enormes reservas de gas y petróleo, las cinco décadas de Bolkiah al frente de una de las pocas monarquías absolutas que quedan en el mundo también presenta oscuras sombras. Los defensores de los derechos humanos critican que el país sufre de una acuciante falta de democracia –incluyendo la ausencia de elecciones o de prensa libre– así como el ascenso imparable del conservadurismo religioso, que llevó a que el sultán anunciara por primera vez en el 2013 la aplicación de la sharía en su versión más estricta.
Aquella noticia provocó airadas protestas internacionales, por lo que finalmente se retrasó la aplicación de las medidas más polémicas para aplacar las críticas y permitir que los funcionarios resolvieran los detalles de su implementación. Pero con la publicación de una nota del fiscal general, con fecha 29 de diciembre del año pasado, diciendo que las nuevas disposiciones entrarán en vigor el próximo 3 de abril –algo que pasó desapercibido hasta esta misma semana–, parece que ese momento ya ha llegado.
La noticia cayó como una bomba entre los grupos de derechos humanos, que ayer reaccionaron con espanto. Amnistía Internacional condenó las nuevas reglas por “atroces” e instó a Brunéi a que “detenga de inmediato” su aplicación. “Legalizar penas tan crueles e inhumanas es algo atroz”, señaló Rachel Chhoa-Howard, responsable en el país de esta organización. “Algunas de las posibles ofensas ni siquiera deberían considerarse crímenes, incluido el sexo consensuado entre adultos del mismo género”, añadió. Por su parte, Phil Robertston, de Human Rights Watch, advirtió de que la implementación de esta ley hará que el país sea visto como un “paria de los derechos humanos” por inversores extranjeros y los turistas.
Otros países socialmente conservadores de la región como Birmania, Malasia o Singapur también prohíben las relaciones sexuales entre personas del mismo género, pero ninguno llega al castigo extremo que plantea el sultanato. Como resumió el activista indonesio Dede Oetono, “Brunéi está imitando lo peor de los estados árabes más conservadores”.
