Por: Joel Suriel. – En el 2021 en la República Dominicana pasó lo que no había pasado ni se tenía pensado en los 177 años de formación del país: que generales activos de los cuerpos castrenses de la nación sean sometidos a la justicia por diversos casos de corrupción.
Eso es lo que ha pasado con la puesta en marcha de las operaciones Coral y Coral 5G, casos por lo que cuatro generales, incluyendo un mayor general del Ejército dominicano, han sido detenidos por las autoridades del Ministerio Público.
Por años la figura de un general en la República Dominicana había sido vista como la de una persona prácticamente intocable a nivel de sanciones, ya sea disciplinarias o judiciales, por lo que estos apresamientos han derrumbado esa percepción de intocabilidad que tenían estos personajes de altos rangos en las fuerzas castrenses.
Toda esa percepción empezó a cambiar el 24 de abril, día que la República Dominicana conmemora un aniversario más de la Guerra de Abril, cuando fue detenido el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, quien se desempeñaba como jefe de seguridad del expresidente de la República Danilo Medina.
Bajo la operación Coral, por primera vez en la historia de la República Dominicana un mayor general activo era detenido para ser procesado judicialmente. Durante el mandato del expresidente Medina, Cáceres Silvestre se desempeñó como director del Cuerpo Especializado en Seguridad Presidencial (CUSEP).
La percepción continuaba desmoronándose con los constantes pedidos del mayor general Cáceres de que se le variara la prisión preventiva de 18 meses que le fue impuesta, las cuales han sido rechazadas mes tras mes.
Pero no fue hasta el miércoles de la recién finalizada semana cuando definitivamente cambió la percepción de que los generales dominicanos activos eran intocables, cuando tres de ellos, incluyendo a quién sustituyó a Cáceres Silvestre en la seguridad del expresidente Medina, fueron detenidos bajo la operación Coral 5G.
Los generales Juan Carlos Torres Robiou, Juan Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista fueron detenidos por presuntamente, en conjunto con Cáceres Silvestre, establecer un entramado corrupto militar que desvió más de RD$4,500 millones desde los Cuerpos Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y Especializado en Seguridad Turística (CESTUR).
El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, dijo ayer, mientras se le conocía medidas de coerción a estos generales, que la corrupción “nunca más” podrá esconderse detrás de un uniforme ni un rango militar.
“Y no podrá esconderse porque eso no es justo, y no es justo, sobre todo, para los hombres y mujeres que dignifican el uniforme, y no es justo para los hombres y mujeres que ven afectadas sus vidas dentro de los cuerpos castrenses, porque el dinero que debiera servir para mejorar su calidad de vida es sustraído por un grupo de personas que se enriquecen y viven de lujo a costa del bienestar de la mayoría de los miembros de las fuerzas armadas”, sostuvo Camacho.
Explicó que Coral 5G es una continuación de la Operación Coral, por lo que expuso que, siendo los mismos hechos y las mismas personas, lo que procede es que estos casos vayan a un mismo tribunal control y, de esta manera, incluso, por economía procesal, que sea llevado en un mismo espacio donde actuarán los mismos representantes del Ministerio Público.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, las autoridades les han ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Previo a estos operativos, y a consecuencia de la Operación Coral, ya cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
