El detenido general Juan Carlos Torres Robiou duró años costeando gastos personales con los fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), entidad que dirigió durante 7 años, según dice el Ministerio Público en el expediente acusatorio.
Con los recursos del Cestur, el general Torres Robiou pagaba rentas, tarjetas de crédito tanto de él como de su esposa, ropas, zapatos, aceesorios, hasta las matrículas del colegio de sus hijos.
Otros de los pagos que realizaba el detenido general con los fondos del Cestur era costear tickets aéreos para él y su familia, pago de mantenimiento de su apartamento en el Regatta Residence y la hipoteca del mismo.
“Entre los pagos fijos que realizaba David Abreu Padilla y los demás miembros del departamento financiero, con el dinero proveniente de los delitos imputados para el encartado Juan Carlos Torre Robiou consistían en pagos de ropa de marca, pagar tarjetas de crédito e, incluso, la matrícula de sus hijos, entre otros, según el Ministerio Público, confirmará la compra de ropa, boletos aéreos, y artículos personales para Juan Carlos Torres Robiou y su familia tarjetas de crédito de este y su esposa Greyby Cuello Coste, pagos de mantenimiento de su apartamento en el Regatta Residence y la hipoteca del mismo; hacían depósitos fijos en el Banco Popular con el concepto de “Arroyo Naranjo” refiriéndose a las propiedades que posee el imputado Juan Carlos Torre Robiou en Jarabacoa; compras de ropa, zapatos y accesorios en las tiendas La Coruña, LMH, Ferragamo y Polo; además pagaban las matrículas del colegios de los hijos de este, entre otros pagos no fijos que realizaban por instrucciones de este. Lo que evidencia las distintas formas en la que el general Juan Carlos TorresRobiou distria los fondos de CESTUR, esto sin obviar los fondos en efectivos que recibía”, dice el documento acusatorio.
Torres Robiou fue designado director del organismo especializado en la protección turística hace 7 años, el 18 de agosto de 2014 y presentó su renuncia al presidente Luis Abinader cuando su nombre apareció en el expediente acusatorio contra el mayor general Adán Cáceres, exseguridad del expresidente de la República Danilo Medina, en abril del presente año.
El viernes, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, vinculados junto otras 10 personas en el entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, para quienes pidió la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como de tramitación compleja.
Además de los generales Torres Robiou (FARD), De los Santos Viola (FARD) y Reyes Batista (ERD), en el caso son imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) la noche del viernes 19, empleados del departamento financiero del Cestur debían realizar pagos fijos de índole personal que correspondían al entonces director de la institución.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
