Según el Ministerio Público, los encartados en Operación 5G, cuentan con inversiones que van desde objetos de lujo, “lujosos apartamentos, vehículos de alta gama, fincas, residencias, cuentas bancarias, sociedades comerciales y otros bienes que adquirieron los imputados involucrados”.
Las propiedades millonarias de este caso ascienden a más de RD$2,500 millones (RD$2 500 000 000.00).
Los encartados están siendo procesados por asociación de malhechores, robo coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, violación a la ley de declaración jurada, lavado de activos, entre otros delitos; diez de ellos propios de los actos de corrupción.
Este organismo manifestó que, los hechos que deben ser juzgados, conforme a las reglas del Estado de Derecho, pero una sociedad democrática y que debe encausar sus acciones conforme a los principios de igualdad entre las partes y ante la ley.
Supuestamente, el entramado criminal aprovechando sus funciones y cercanía con el principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves, y que precisaremos en el detalle de la presente imputación preliminar de cargos.
El 05 de mayo del presente año, mediante la Resolución penal Núm. 0670-2021-SMDC-00628, la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso a los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, alias La Pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, la prisión preventiva 15 por un periodo de 18 meses, mientras que al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez le fue impuesto el arresto domiciliario por el mismo tiempo. De igual forma, la investigación fue declarada bajo las reglas de asuntos complejos en virtud de los artículos 369 y 370 del Código Procesal Penal.
Las autoridades asuran que, no sólo se beneficiaban de estos actos de corrupción los nombrados Rafael Núñez de Aza, Adán Benoni Cáceres Silvestre y Raúl Alejandro Girón Jiménez, sino que de igual forma se favorecían a otros miembros de los cuerpos castrenses que poseían niveles de dirección como es el caso de los imputado General Juan Carlos Torres Robiou, ex director del Cuerpo Especializado deSeguridad Turística (CESTUR) en el período 2014-2021, Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, FARD, (a) El Ayudante, ex ayudante del Director y encargado de Raciones del CESTUR, Coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, FARD, alias ‘recursos humanos’, ex encargado de recursos humanos del CESTUR 2014-2020, 1er Tte. Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, P.N., (a) FARD y/o JR, sub encargada de auditora del CESTUR y el Coronel Miguel Alfredo Ventura Pichardo FARD (a) CT2, Encargado de la División de Inteligencia.
De igual forma, el expediente cita que, de la sustracción del erario, dentro del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), se beneficiaban también, los imputados General Julio C. De los Santos Viola FARD (a) Viola, ex sub jefe, el Mayor contador José Manuel Rosario Pirón P.N., ex encargado de tesorería, el coronel Sterling Antonio Peralta Santos FARD, ex encargado de inteligencia, el Capitán de navío Rolando Bueno Jiménez ARD, ex Director Administrativo y Ayudante del Jefe del Cuerpo para ese periodo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores ARD, ex Director de Avanza del CUSEP, el General de brigada Boanerges Reyes Batista ERD, ex sub jefe del CUSEP hasta el 2014, el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez FARD, asignado al Jefe del CUSEP, y el 17 Tte. Coronel Kelman Santana Martínez ERD, asistente personal del jefe delCUSEP.
Todos estos imputados presentan un enriquecimiento que no podrían justificar con sus ingresos habituales, ni por lo percibido en la comunidad de bienes.
