La defensora del pueblo, Zoila Martínez Guante, reclamó que las intervenciones telefónicas, y de espionajes que ejercen los organismos de seguridad del Estado sobre algunos ciudadanos, se fundamenten en la legalidad, porque de lo contrario se perderá la credibilidad definitivamente.
La funcionaria dijo que las inetrvenciones telefónicas en ocasiones se realizan de forma masiva e indiscriminada, violando todo criterio de racionalidad.
Solicitó a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), INDOTEL, informar “si cumplen a cabalidad con un procedimiento revestido de legalidad para otorgar el permiso en las intervenciones telefónicas, pinches y espionaje”.
La defensora del pueblo hizo el requerimiento en sendas misivas que envió al procurador Jean Alain Rodríguez, al ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, al director de la Policía, Ney Aldrin Bautista, y al director del DNI, Sigfrido Pared Pérez, INDOTEL, de fecha 14 de marzo.
Señaló que la interceptación de teléfonos sin la autorización de la autoridad judicial competente es una flagrante violación de los artículos 38, 44, 49 y 69 de la constitución, que consagran el derecho a la dignidad humana, la intimidad y el honor personal, la libertad de expresión e información y la tutela judicial efectiva y debido proceso, respectivamente.
De igual forma, de los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República Dominicana. Enfatizó que también constituye una vergüenza y un desafío al imperio de la ley.
“Un país donde se violan los derechos fundamentales no es un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho”, indicó.
