Por Corina Rosario.- El debate sobre la vacunación obligatoria, no solo está a flor de piel en República Dominicana, que este próximo lunes 18, se embarca en exigir la tarjeta de vacunación con dos dosis a todos los mayores de 12 años para acceder a negocios, trabajos, escuelas o colegios y lugares públicos en general.
Otros países como Francia, desde mediado de este año establecieron la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19. También se dio a conocer que Reino Unido, Grecia, Italia, Rusia y Arabia Saudita vacunarían de manera inexcusable a una franja de su población.
En Italia, por ejemplo, un decreto aprobado por el Gobierno en marzo, invita a trabajadores de la salud y farmacéuticos a inocularse. Los que se rehúsen pueden ser suspendidos sin paga por el resto del 2021.
En febrero, Indonesia declaró obligatorias las inmunizaciones contra COVID-19, y en la capital, Yakarta, los que no quieran, serán penalizados con multas monetarias.
En Filipinas, el gobierno amenazó con arrestar a quien no se vacune contra el COVID-19. Y estos, son solo algunos de los países que han decidido hacer uso del poder para forzar a sus ciudadanos a cumplir, con lo que muchos entienden es un deber que corresponde a todos.
A juicio jurídico
Las posiciones de la población a nivel mundial, también han desencadenado debates de tipo constitucional y jurídico.
¿Es o no legal obligar a las personas a que se vacunen contra el Covid-19?
El mismo tema divide a los expertos en materia de derecho, y aunque un sin número de juristas, tanto del país como extranjeros sustentan sus teorías en códigos constitucionales sobre “porque sí o porque no”, lo cierto es que no llegan a un punto de consenso.
Este martes, EFE publicó un caso parecido a lo abordado; dos jueces federales en Nueva York fallaron en dos casos separados a favor y en contra de los empleados públicos que se niegan a vacunarse, dentro de la larga batalla que continúan en los tribunales todos los antivacunas, opuestos a la obligatoriedad de inocularse el remedio contra la covid-19.
Por un lado, un grupo de educadores en la ciudad enfrentó un revés cuando una jueza del circuito de apelaciones para el distrito sur en Manhathan rechazó bloquear el mandato de vacunación para los empleados del sistema de educación pública, el más grande del país.
“Los demandantes no han demostrado que tienen derecho a ese recurso extraordinario”, indicó la jueza Valerie Caproni, de acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC.
Por el contrario, el juez David Hurd falló a favor de un grupo de 17 trabajadores de la salud del norte del estado que objetan vacunarse por motivos religiosos y accedió a su reclamo emitiendo una orden que impide al estado obligarlos a inocularse la vacuna.
A diferencia de otros jueces en casos similares, Hurd concluyó que “el interés público radica en hacer cumplir las garantías consagradas en la Constitución y las leyes federales contra la discriminación” y no en la salud pública en general”, destaca además ABC.
Lo que ha dicho la OMS en torno al tema
En agosto de este año, EFE publicó la opinión de un portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Fadela Chaib, quien dijo en rueda de prensa que “en general, la OMS se opone a cualquier vacunación obligatoria”.
El portavoz aclaró que aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no aprueba que la vacunación contra el Covid-19 sea obligatoria en ningún país, sí defiende la importancia de inmunizarse.
Más allá, recomendó que “debe explicarse a la población general cómo funcionan las vacunas, y lo importantes que son”. Matizó que dichas vacunas son sólo “una de las varias herramientas que tenemos en nuestras manos” para combatir la pandemia de Covid-19.
En estados como Florida y Texas pasa lo contrario
En Florida, desde el 16 de septiembre empezaron a imponer multas, a los establecimientos o instalaciones que pidan una prueba de vacunación.
El gobernador republicano, Ron DeSantis promulgó una ley este año donde queda prohibido pedir pasaportes de vacunación.
Las multas son de 5.000 dólares para los negocios, escuelas y agencias gubernamentales que soliciten el documento de inmunidad a los ciudadanos.
