“Las motocicletas quedarán habilitadas para circular en la vía pública a través de una identificación única de la placa, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), quien organizará el régimen de dicho transporte público de pasajeros”. Así lo establece la Ley 63-17 sobre Tránsito, Transporte y Seguridad Vial en la República Dominicana.
Una fuente de entero crédito relacionada al tema reveló a N Digital que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) no tiene la competencia para emitir registros de motocicletas tal y como lo había anunciado el Gobierno, que a partir del 21 de septiembre hasta el 20 de octubre sería el plazo para culminar con el programa de identificación de motocicletas.
Las autoridades informaron que aquella persona que posee dicho medio de transporte y no haya sido registrado será sancionada conforme a lo que establece la ley de tránsito.
Sin embargo, la ley establece que “el transporte en motocicletas será autorizado por los ayuntamientos correspondientes, en coordinación con el INTRANT, mediante licencia de operación otorgada previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Copia de la cédula, licencia de conducir, certificado de no antecedentes penales y prueba de residencia en el municipio correspondiente”.
“La Ley prevé dos tipos de registros, el registro de la placa y la matrícula y el registro de transporte, o sea del motoconcho. El Intrant no puede, diciendo la ley que son los ayuntamientos los responsables del delitos del motoconcho, hacerlo porque está automáticamente ejerciendo competencia que no tiene”, señala la fuente.
Asimismo, manifiesta que en el momento en que alguna asociación de motoristas presente un recurso de nulidad a dicha decisión por las multas que podría generar se presentaría un problema mayor, debido a que los que poseen una motocicleta común no están obligados a ser regulados si no ofrecen un servicio.
#YoAndoLegal
En tanto, más de 40 grupos y propietarios de motores privados y de recreos, advirtieron sobre las múltiples irregularidades vigentes en la puesta en marcha del Plan de Registro de Motocicletas ejecutado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como parte del Plan Mi País Seguro.
Los grupos firmantes, integrados por más 3,000 monteros, señalaron que esta medida carece de legalidad a la luz de la Ley de Tránsito núm. 63-17, la cual no contempla dicho registro como indispensable y obligatorio para la circulación legal de motocicletas, implicando que lo dispuesto por el director del INTRANT es un exceso de sus atribuciones legales, ya que dicho registro está totalmente fuera de la Ley.
En un comunicado difundido a través de las redes sociales, con el hashtag de “Yo Ando Legal”, explicaron que “pagando RD$600 pesos, llevando cualquier motor, la cédula y casco, el INTRANT registra al conductor y da a un motor permiso para circular, lo que de por sí ya está validado con la emisión de la matrícula y el porte de licencia y seguro vigentes. Con este pago, se habilita una “licencia especial categoría 01” sin haber agotado los trámites reglamentarios para su obtención. Indicaron que registrar motocicletas sin determinar su procedencia y legalidad es un acto antijurídico por parte del INTRANT, duplicando, además, las funciones de la DGII quien tiene exclusivamente a su cargo el Registro Nacional de Vehículos de Motor, y violando tajantemente los procedimientos de la propia Ley 63-17 y varios de sus reglamentos. Además, constituyendo doble tributación.
“¿Esta medida es legal a la luz de la Ley de Tránsito núm. 63-17? ¿Contempla esta Ley tal registro como “indispensable y obligatorio” para la circulación legal de motocicletas? La respuesta es no. El registro está fuera de la Ley y lo dispuesto por el director del INTRANT implica un exceso de sus atribuciones legales”, establece el comunicado oficial.
Con relación al Registro de Motocicletas, estos manifestaron que está plagado de muchas incongruencias frente a la Ley y los reglamentos de tránsito, tales como, ser un registro dual y paralelo al Registro Nacional de Vehículos de Motor de la DGII; violar la ley al otorgar una segunda licencia categoría 1 por cada motocicleta y sin agotar aptitudes del conductor; y, transgredir derechos como la intimidad, protección de datos personales, entre otros.
Puntualizaron que, este proceso ejecutado por el INTRANT claramente violenta derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, contraviene los principios de la administración pública y sus leyes, y es contrario a lo dispuesto en la propia Ley de Tránsito 63-17. Lo que en la práctica se están otorgando son permisos de circulación y licencia a motocicletas sin la comprobación previa de propiedad (Plan Piloto, P.N., DGII) que avalen la legalidad de su tenencia y sin agotar las pruebas de aptitudes del conductor. Están registrando motocicletas que pueden ser producto del crimen (hurto, robo, etc.) que es lo que se pretende mitigar.
Esta medida impuesta por el INTRANT, que pretende y amenaza con la incautación de la motocicleta y el sometimiento a la justicia del conductor para los que no la cumplan, ha sido motivo de graves controversias y cientos reclamos por todos los usuarios de motocicletas en diversas formas, incluyendo el inicio de acciones legales contra dicha medida.
Entre los firmantes del comunicado están los grupos Royal Enfield Owner Group, Legión XXXIII RC, Amazonas RC, Nativos MC, Bohemios RC, Los Gobernao, Hog Dominicano, Mula No Club, Fosa RD, Búfalo Crew, Mangood Machine, LPDA , Explorando en Moto, Moto Pasión RD, Moto Maniacos RD, Riding Crew RD, Dual Dominicano, Redwings Rd, Ronin Rd, Independents Rd, Dinastía RC, Conquistadores RC, La Hermandad RC, Old School RC, Tamriders RC, Lords Rider RC, Anonymous RC, Caballeros Negros 314, Captains of Destiny RC, Radicales RC, Tirapiedras SD, POP Bikers, Macorijes RC, Gurabo Riders RC, Realls Ryders, Crippled Old Biker Bastards, Café Racer Soul, 300 Bikers, Dinastía RC, Lama Nacional, Parranderos de Higuey, Rebeldes Punta Cana, Urbanos RC, Vive Full.
