SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este viernes que las nuevas evidencias obtenidas en el transcurso de la investigación del Caso Pulpo se suman a las que ya fueron valoradas por el sistema de justicia para mantener las medidas de coerción a los imputados por corrupción y lavado de activos en perjuicio de los contribuyentes.
“En cada audiencia de revisión de medida de coerción, independientemente del caso de que se trate, como el Ministerio Público no se detiene de trabajar y sigue recabando información, vamos aportando a los tribunales parte de esa investigación para que puedan darse cuenta de cómo evolucionan nuestros procesos y cómo se van haciendo más fuertes”, dijo.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habló en esos términos al responder preguntas de la prensa, luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazara para el próximo lunes 6 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, la revisión obligatoria de la medida de coerción a los encartados, para dar tiempo a que las defensas conozcan los nuevos documentos aportados por el órgano acusador.
Camacho resaltó que “en la audiencia del día de hoy, depositamos documentos que serán suficientes como para que la jueza pueda llegar a la conclusión, que es a la que ha llegado el Ministerio Público, de que, al revisar las medidas de coerción, deben mantenerse tal y como han sido impuestas hasta ahora”.
“En este proceso nosotros hemos dicho en varias ocasiones que habrá nuevas personas imputadas, pero eso se dará a conocer en el momento oportuno”, dijo sobre preguntas de los periodistas en torno al avance de las investigaciones.
Destacó que el pasado miércoles realizaron 24 allanamientos y dijo que en esos allanamientos consiguieron información que utilizarán en el proceso en el momento oportuno.
Explicó que la documentación depositada este viernes en el tribunal ha sido ocupada durante el desarrollo de la investigación del caso, al tiempo de indicar que la información obtenida ayer todavía está siendo analizada por los equipos que trabajan en la Operación Anti Pulpo.
“La audiencia se aplazó para conocerla el lunes (la documentación que ya fue depositada). A la defensa se le notificaron esas informaciones en el día de hoy, en consecuencia, el lunes estaremos en condiciones de conocer la audiencia de revisión de la medida de coerción y la prórroga que ha solicitado el Ministerio Público para presentar acto conclusivo”, declaró.
El pasado 26 de agosto, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de acoger la petición del Ministerio Público, ratificó la prisión preventiva a Juan Alexis Medida Sánchez, principal acusado por el entramado de corrupción administrativa desarticulado a final del pasado año con la Operación Anti Pulpo.
Mientras que el próximo lunes le revisará la medida a los demás implicados en el proceso judicial que también se sigue en contra de Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, así como de Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República.
Además, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez; Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Luego de desmantelado el entramado de corrupción en diciembre del pasado año con la Operación Anti Pulpo, el Ministerio Público procedió a someter a los integrantes de la red de corrupción a la justicia y logró que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impusiera en su contra diferentes medidas de coerción.
El Ministerio Público sustenta que Juan Alexis Medina Sánchez se valía de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020), para enriquecerse a costa de los recursos de todos los contribuyentes.
La investigación del Ministerio Público desarticuló la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpetas controladas por el imputado Medina Sánchez para establecer negocios con el Estado.
