La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha impedido, devuelto y rechazado una serie de iniciativas de funcionarios que involucra sumas millonarias en compras y contrataciones de servicios por no estar acorde con la ley.
Con el transcurrir del primer año de gestión del presidente Luis Abinader, su Gobierno ha tenido que enfrentar la suspensión en repetidas ocasiones de licitaciones que violan la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (340-06). Puso en la DGCP a Carlos Pimentel, un hombre que bien de la dirección ejecutiva de Participación Ciudadana y con un discurso frontal contra la corrupción.
Desde la anulación de un procedimiento de urgencia en el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y las adjudicaciones para la compra de laptops por el Ministerio de Educación (MINERD), hasta el escándalo por la suspensión del Registro de Proveedores del Estado de la ministra de la Juventud Kinsberly Taveras, han tenido en común la suspensión de dichos procesos.
El caso que causó revuelo nacional fue el de la ex ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras Duarte, cuyo Registro de Proveedores del Estado (RPE) fue suspendido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en octubre del 2020, iniciando así investigaciones en su contra.
La DGCP confirmó que Taveras figuraba como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), donde funge como gerente administradora y es poseedora del 75% de sus acciones.
El órgano rector reiteró a los servidores públicos que el Artículo 14 de la referida Ley prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado.
INVI.- En octubre del 2020, la DGCP suspendió el proyecto de urgencia INVI-MAE-PEUR 2020-0001 del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), que buscaba remodelar unas 30 mil casas, por vulnerar los principios que rigen el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
El procedimiento infringía el principio de razonabilidad, el cual indica que la decisión no deberá ordenar o prohibir más de lo que es razonable y justo a la luz de las disposiciones de las leyes.
La medida se realizó a los fines de que el INVI modificara el requisito de certificaciones de experiencia correspondiente a promedios de RD$25,000,000 y RD$7,000,000 para los lotes dirigidos a MIPYME, debido a falta de justificación de la proporcionalidad del requisito.
MINERD.- El proceso de excepción por urgencia concluido en diciembre del 2020 por el Ministerio de Educación para adquirir 752,000 netbooks, laptops y tabletas fue anulado por la DGCP con al menos 45 de 56 lotes contratados.
Los 45 lotes anulados comprendían 639,000 equipos adjudicados por un total de RD$9,354.9 millones, cuya distribución de la DGCP argumenta que no se ha verificado que se haya realizado de acuerdo a la fecha propuesta.
El 16 de noviembre de 2020, el Minerd convocó a participar en el proceso Excepción de Urgencia para la Adquisición de Dispositivos Tecnológicos para la Ejecución del Plan Nacional “Educación para todos preservando la salud”, año escolar 2020-2021.
El 22 de diciembre, mediante el acta 48-2020, el Minerd aprobó la adjudicación de 56 lotes que sumaron 752,000 equipos para profesores y estudiantes, por un total de RD$10,324.4 millones.
JERINGILLAS MSP.- Luego de una denuncia de que el Ministerio de Salud Pública compraría jeringuillas y materiales gastables para la jornada de vacunación del COVID-19 por encima de los precios del mercado, la institución se vio en la necesidad de cancelar los procesos de compras de urgencia.
Se realizaron cuestionamientos al procedimiento para la compra de 25 millones 860 mil jeringuillas por un monto de 647 millones de pesos, donde se señaló que, según los detalles en el Portal de Compras y Contrataciones, Salud Pública pagaría a 25 pesos cada una de las jeringas.
100 MILLONES.- en diciembre de 2020, el Gabinete de Políticas Sociales entregó RD$100 millones a unos 70 artistas a través de contratos directos, los cuales posteriormente fueron rescindidos a solicitud de la Dirección de Compras por considerarlos irregulares.
El director del Plan Social acogió la suspensión del procedimiento, pero de inmediato anunció que entonces lo cambiaría para “donación” y les entregó los fondos a los artistas dominicanos.
RPE.- En octubre del pasado año, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el Registro de Proveedor del Estado (RPE) de un grupo de 113 alcaldes y regidores y 2 jueces.
Mientras que, en noviembre del mismo año, suspendieron el registro de 149 funcionarios proveedores del Estado, entre los que figuraban alcaldes, regidores y jueces.
Asimismo, continuando con la suspensión de los registros, un total de 160 fueron cancelados por la DGCP, en su mayoría alcaldes y regidores, cuyas funciones entraron en conflicto de intereses tan pronto asumieron sus cargos el 16 de agosto del 2020.
INTRANT.- La DGCP anuló varios procedimientos más, entre ellos, incluido el de licitación realizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para la contratación de los servicios de mantenimiento, mejora y ampliación del Sistema Centralizado de Control de Tráfico del Gran Santo Domingo.
De acuerdo a la DGCP, el instituto en la licitación por un monto de RD$1,184,693,750, incurrió en irregularidades graves en el pliego de condiciones, debido a que no explica todos los elementos necesarios para participar en un procedimiento de contratación y las condiciones que se tomaran en cuenta para evaluar a los oferentes.
LICITACION OPRET.- El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llamó a la Dirección General de Compras y Contrataciones para que proceda, con carácter de urgencia, a la cancelación de varios procesos de licitación convocados urgentes de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), para la construcción de la Línea 2-C del metro de Santo Domingo por un monto de 2 mil millones de pesos.
Gustavo Sánchez dijo que la convocatoria a cuatro licitaciones mediante el procedimiento de urgencia, entra en contradicciones con varios artículos de la Ley 340-06 y su reglamento, los cuales dejan bien claro en cuales circunstancias aplica esa modalidad de excepción de licitación.
Para la construcción de la Línea 2-C que va desde la estación María Montez en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte hasta Los Alcarrizos, la entidad contratante ha utilizado un procedimiento de licitación que llama poderosamente la atención y que, por su complejidad, no aplica para este tipo de contratación, sustentó Sánchez.
DÌA DE LAS MADRES.- A parte de las cancelaciones de Compras y Contrataciones, la licitación que tenía la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para un evento por motivo al Día de las Madres del año 2021, fue cancelada.
La entidad tenía previsto obsequiar 90 electrodomésticos por un valor de 3.5 millones de pesos, que corresponde a compra, montaje y almuerzo del evento.
LEY 340-06.- La Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, tiene por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse.
