El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) protege a los ‘dreamers’ de la deportación, además de otorgarles una Autorización de Empleo, pero más de 50,000 jóvenes están en riesgo de ser expulsados, debido a que no se aceptan nuevas solicitudes.
Este domingo 15 de agosto se cumplieron nueve años de la implementación del programa, que corre el riesgo de desaparecer si el Congreso no toma una decisión al respecto, dejando a miles de jóvenes más en el limbo.
El juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, ordenó a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no aceptar nuevas aplicaciones, por lo que las solicitudes que estaban en puerta fueron suspendidas.
Las cifras de los inmigrantes protegidos han llegado a rondar los 800,000. Muchos de estos jóvenes han logrado encontrar vías para legalizarse definitivamente, y contados son los que han perdido el estatus.
A marzo de 2021, unos 616,030 “soñadores”, como se conoce a los amparados por DACA, tenían activo el beneficio, según datos de USCIS.
Sin embargo, más de 50,000 indocumentados estaban esperando en marzo que se les aprobara por primera vez el amparo tras más de tres años de bloqueos de la Administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021), que quiso poner fin al beneficio en septiembre de 2017.
Las esperanzas se vieron desvanecidas nuevamente cuando el juez Hanen ordenó al Gobierno del presidente Joe Biden suspender la concesión de nuevos amparos migratorios al considerar que DACA es ilegal y que el hoy expresidente Barack Obama (2009-2017) se extralimitó en su autoridad cuando creó el programa en 2012.
El magistrado sí permitió renovar los amparos existentes citando los años de vigencia del programa.
El fallo se dio en respuesta a una demanda entablada por Texas y otros ocho estados republicanos que desde 2018 alegaban que el programa era inconstitucional y no cumplía con el Acta de Proceso Administrativo (APA) al momento de su creación.
Los demócratas en el Congreso integraron al proceso de Reconciliación una posible reforma migratoria que protegería a los ‘dreamers’, pero el proceso es incierto.
En tanto la Ley de Sueño y Promesa (HR 6) quedó en el limbo, luego de ser aprobada en marzo en la Cámara de Representantes y esperar su turno en el Senado, donde tendría respaldo respublicano, ya que es co-patrocinada por el senador Lindsey Graham (Carolina del Sur). Beneficiaría a ‘dreamers’, personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros indocumentados con acciones diferidas (DED).
El Diario NY
