El fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó este viernes de contundente la acusación del Ministerio Público en contra de los imputados en la audiencia preliminar por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos.
El representante del Ministerio Público destacó “la contundencia de la acusación en términos probatorios” y se mostró confiado de que en este caso habrá condenas.
El Sexto Juzgado de la Instrucción aplazó la audiencia de este viernes para el próximo 27 de agosto a las 2:00 de la tarde, luego de que el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró acogiera una solicitud de la defensa de uno de los encartados por presentar síntomas de COVID-19.
Al ser cuestionado sobre la lentitud del proceso, Marmolejos indicó que el juicio preliminar ha sido afectado por la pandemia y que, incluso, en las dos últimas audiencias hubo aplazamientos porque representantes de algunas de las partes envueltas han estado afectados de coronavirus, casos en los que resulta entendible la suspensión. “Sin embargo, va marchando y, ciertamente, se va conocer y se va a conocer pronto”, apuntó.
Por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, de Santo Domingo Este, está imputado Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).
Además, la Pepca acusa a Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de Corde; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
Igualmente, son procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público también acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Tekknowlogic Dominicana S.R.L.
La acusación establece que los citados funcionarios públicos se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, de más de un millón de metros cuadrados, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
El equipo litigante del Ministerio Público está dirigido por el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho, y lo integran los fiscales José Miguel Marmolejos, María Melenciano, Isis de la Cruz y Rosa Pichardo.
