Santo Domingo.– La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental manifestó este viernes que ha actuado de manera responsable y proactiva frente a las casos de irrregularidad que se han presentado ante la institución.
La DIGEIG reaccionaron a través de un comunicado ante el trabajo realizado en Ndigital titulado “¿Qué ha pasado con los casos de irregularidades que investiga la Dirección de Ética Gubernamental?.
La entidad reconoció que sobre el caso de la venta de empleos en el Ministerio de Salud Pública, conocieron el caso por medio de una denuncia efectuadas en las redes sociales y por rumor público.
Expresaron que tras conocerlo por medio de las redes sociales, el expediente fue enviado al Ministerio Público juntamente con el caso del robo de los discos duros del Plan Social de la Presidencia en fecha 4 de noviembre del año 2020.
Sobre el caso del funcionario no identificado que fue sometido a la Procuraduría General de la República, dicen que debido a la naturaleza de los hechos sometidos, es facultad del Ministerio Público disponer el secreto total o parcial de las actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de un acto concreto de investigación, en virtud de los artículos 290 y 291 del Código Procesal Penal.
En cuanto al caso relativo al regidor Leonte Torres, expresan que los medios de comunicación se hicieron eco de una misiva dirigida la magistrada procuradora general de la República Dominicana mediante la cual Milagros Ortiz Bosch, le solicita investigar al referido regidor, ya que no podía pasar por alto las declaraciones que fueron emitidas.
El decreto 486-12 le otorga facultar a la DIGEIG, de realizar las investigaciones correspondientes y recomendar las sanciones establecidas en la ley 41-08 sobre función pública, a funcionarios y servidores públicos dependientes del poder ejecutivo, y los funcionarios municipales que ocupan cargos por elección popular, como el regidor Leonte Torres, no están regidos por la referida ley, de ahí que se solicita directamente al Ministerio Público que realice la investigación correspondiente.
Con relación a los casos como el de DIGEMAPS, afirman que el artículo 6 numeral 2 del decreto 486-12 faculta a la DIGEIG, a: “Investigar las actuaciones de los servidores públicos que transgredan el Régimen Ético y Disciplinario establecido en la Ley núm. 41-08, de Función Pública, cuando las autoridades a cargo no adopten las acciones correctivas oportunamente y sin perjuicio de las funciones del Ministerio de Administración Pública establecidas en dicha legislación;”.
Con relación al caso al servidor publico que contaba con tres empleos en la administración pública, dicen que la persona fue desvinculado de dos de ellos, quedando sólo con la función de maestro.
La nota expresa que Milagros Ortiz Bosch, solicitó al Contralor General de la República, Catalino Correa Hiciano, ejecutar una auditoría extraordinaria de la nómina pública tal como publico Ndigital en su momento, con el objetivo de verificar si algún servidor o funcionario público, que no se encuentre dentro de las excepciones que prevé la ley 41-08, percibe más de un salario de la nómina pública solicitud que el Poder Ejecutivo mediante la creación de una Comisión asistida con la experiencia del Banco Internacional de Desarrollo.
En cuanto al caso relativo al proceso de investigación y auditoria que se realizó APORDOM en la terminal de Puerto Plata, y donde ya habían desvinculado a las personas involucradas; remitido por la DIGEIG al Ministerio Público, toda vez las sanciones administrativas fueron adoptadas directamente por la entidad correspondiente.
La entidad envio link de varios medios para justificar que han respondido a los casos que varios sectores de la sociedad desconoce sobre como van o la conclusion de los mismos.
