Por Javier Herrera. Varias grandes firmas estadounidenses han manifestado el uso inadecuado y “perturbador” de las órdenes judiciales de los tribunales inferiores de la República Dominicana, como una forma para que los distribuidores locales obtengan acuerdos más beneficiosos al final de los períodos del contrato.
Así lo establece la recién publicada declaración sobre el clima de inversión en la República Dominicana por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, pese a reconocer el sistema judicial dominicano como independiente, resalta algunos “vicios” respecto al manejo de los estándares de los contratos con empresas internacionales.
“El informe Doing Business 2020 del Banco Mundial señaló que resolver las quejas planteadas durante la adjudicación y ejecución de un contrato puede llevar más de cuatro años en la República Dominicana, aunque algunas tardan más. Algunos inversionistas se han quejado de que el sistema judicial local no es confiable, está predispuesto en su contra y que los intereses especiales y las personas poderosas pueden usar el sistema legal a su favor”, revela el informe publicado por el gobierno estadounidense.
Para participar de manera efectiva en el mercado dominicano, dice el reporte, muchas empresas estadounidenses buscan socios locales que estén bien conectados y comprendan el entorno empresarial local.
Las fuertes revelaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos llegan a pocos días de cumplirse el primer año de gestión del presidente de la República, Luis Abinader, en el cual señala, además, la corrupción como uno de los principales problemas de la República Dominicana, representando una traba para la inversión extranjera, pese al gran interés de varios países en continuar invirtiendo en territorio criollo.
