El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional mantiene las medidas de coerción a los imputados en el Caso Pulpo, prisión preventiva y arresto domiciliario, impuesto a los implicados con la variación de un grillete electrónico para Carmen Magalys Medina.
Pablo Imbert, juez suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción, acogió la solicitud del Ministerio Público, en el entendido que las defensas siguen sin aportar un solo elemento válido para la variación de la misma, en ninguno de los casos.
La Fiscal Mirna Ortiz, al ser cuestionada sobre la condición de salud del imputado Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de Fiscalización de Obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), señaló que el Ministerio Público está tomando medidas al respecto.
Además de a Christopher, fueron ratificadas las medidas de coerción a Fernando Rosa, Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oisoe; Wacal Vernavel Méndez Pineda, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Igualmente, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, quien cumple arresto domiciliario.
En el caso de Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del imputado Medina Sánchez, el juez le varió la medida permitiéndole la salida dos veces a la semana en un radio de acción de 500 metros, con localizador electrónico.
No estuvieron en esta audiencia Medina Sánchez, por las razones expuestas por Ortiz; el excontralor general de la República, Rafael Antonio Germosén, quien cumple arresto domiciliario, y Domingo Antonio Santiago, quien está sometido a presentación periódica.
“El juez lo que realmente ha hecho es ratificar las medidas de coerción de prisión preventiva y arresto domiciliario que pesa sobre los imputados, lo que demuestra una vez más la contundencia de los cargos y las medidas de coerción presentado por el Ministerio Público”, indicó la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ser abordada por la prensa a su salida del tribunal.
“Con esta ocasión, van seis veces que distintos jueces examinan el valor de la medida y la contundencia de las evidencias presentadas por el Ministerio Público y todos los jueces han estado de acuerdo en que la medida idónea es la prisión preventiva que pesa sobre los justiciables”, explicó sobre la calidad de las evidencias presentadas por el órgano de justicia.
Recordó que el juez Pablo Imbert revisaba la medida a todos los imputados, menos a Medina Sánchez, quien por una decisión particular y en base a unas peticiones que tenía previamente elaboradas, “pues fue desglosado de esta revisión obligatoria y se fijó la fecha de la revisión para otro momento procesal”.
De acuerdo con la acusación, con la Operación Anti Pulpo, el Ministerio Público desarticuló la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpeta controladas por Juan Alexis Medina Sánchez, quien aprovechó su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020) para establecer negocios millonarios con el Estado.
A los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, entre otros delitos, se les atribuye incurrir en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oisoe. Además, Julián Estaban Suriel Suazo es acusado de prestar su nombre para servir de testaferro al imputado Medina Sánchez.
El Ministerio Público acusa a Fernando A. Rosa Rosa de sobrevaluación en las obras realizadas durante su gestión al frente del Fonper.
Las investigaciones establecen que Carmen Magalys Medina Sánchez, en su condición de vicepresidenta administrativa del Fonper, maniobró para que su hermano Juan Alexis Medina Sánchez fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado.
Wacal Vernabel Méndez Pineda fungía como el tesorero de todas las empresas que forman parte del referido entramado societario de Medina Sánchez. Se le atribuye enriquecimiento ilícito, así como incurrir en lavado de activos producto de sus vínculos con dicho entramado de corrupción.
En la gestión de Freddy Hidalgo, de acuerdo al expediente del caso, se malversaron al menos RD$236.9 millones en favor del entramado delictivo.
José Dolores Santana Carmona también es acusado de ser testaferro, al igual que el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz, a quien se le atribuye camuflar múltiples propiedades, empresas y transacciones millonarias de Medina Sánchez.
