Por Javier Herrera. El Ministerio Público (MP) contó con 47 testigos en la denominada Operación Medusa, con la que sustenta parte de sus pruebas en la instrumentación del expediente, que consta de 294 páginas en contra del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y más de una docena de implicados en el supuesto entramado de corrupción contra el Estado que, de acuerdo a la fiscal Mirna Ortiz, asciende a unos 6 mil millones de pesos.
La mayoría de los testigos, de acuerdo a los interrogatorios e investigaciones por parte del MP, coincidieron en las acciones del exdirector de Tecnología de la Procuraduría General de la República (PGR), Javier Alejandro Forteza Ibarra entre los años 2018 al 2020.
Además de los acosos sexuales a empleadas y la eliminación de la data de la PGR y cursos fantasmas, Alejandro Forteza obligaba a los empleados del departamento a trabajar más allá de sus horarios habituales con el proyecto político Renovación, en apoyo al candidato presidencial de entonces por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, así como trabajar en otras instituciones como el Consejo Nacional de la Magistratura; espionaje a sus computadoras. De acuerdo al expediente, esos hechos son corroborados con el testigo número 12, Starlin Manuel Matos Reyes.
Egnis Bonifacio Pérez, otro de los testigos, confirmó que Alejandro Forteza eliminó expedientes escaneados en la PGR almacenados de 20 y 30 años, además de recibir un porciento de las compras de los sistemas, entre los cuales se encuentra eventos relacionados a la infraestructura de la informática.
Además, según el testimonio Luis Agustín Ferreras Recio al MP, Forteza compraba software y hardware vía la empresa Grey Matter y decidía cuál de los suplidores ganaban la licitación luego de hablar con el comité de compras.
También, de acuerdo a la acusación, Forteza fue el responsable de propiciar un ataque a los servidores de los correos electrónicos y borrar los logs (grabaciones secuenciales de archivos o base de datos) en la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de realizarse una investigación que determinó que la persona de confianza de Javier Forteza, Ney Caccavalli, había usado un keylogger encriptado en su computadora para realizar dichos ataques. Posteriormente fue desvinculado ya que Forteza lo protegía.
Alejandro Forteza se caracterizaba, además, de acuerdo a los testimonios registrados en el expediente, de maltratos a sus subalternos, provocando que algunos hasta renunciaran.
Los fines de semana eran los días que regularmente usaba Forteza para presentarse a la PGR a realizar actividades “irregulares” con los discos duros en los servidores, de acuerdo a lo dicho por uno de los testigos.
El expediente detalla la versión de los testigos 25, 26 27, un procurador fiscal de Independencia y otra persona de Soporte Técnico, respectivamente, sobre el uso de drones y programas informáticos como herramientas de espionaje para las computadoras del Ministerio Público y el personal administrativo.
