El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún Hernández, exigió este jueves al Ministerio Público presentar un caso creible, sustentado en pruebas contundentes y respetando el debido proceso contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, quien está detenido desde el pasado martes por corrupción.
Surún Hernández califica la operación Medusa, mediante la cual fue apresado el exprocurador Rodríguez, como el más importante y trascendental de los últimos 30 años, porque está acusado a quién fungía como el director de la persecución criminal de la República Dominicana.
“Nos convertiríamos en el único país del mundo, donde hasta el cuerpo de delito de dicho caso, es sustraído, razón por la cual, el Ministerio Público se encuentra obligado a presentar pruebas contundentes de las escandalosas acusaciones vertidas en el proceso Operación Medusa”, dijo Surún Hernández al leer un documento en las afueras del Palacio de Justicia.
El jurista señaló que, de comprobarse los hechos que se imputan a los acusados de la Operación Medusa, obligaría a que el país se aboque a una profunda reforma en la justicia, que garantice el destierro definitivo de los partidos políticos del Ministerio Público y el Poder Judicial.
“No es posible que un político, proveniente de la alta dirigencia de un partido político, sea designado, sin más, ni más, como Procurador General de la República o Presidente de la Suprema Corte de Justicia; necesitamos muchas Miriam Germán que garanticen niveles de objetividad y justicia que despierten la confianza de todos”.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el ex procurador general Jean Alain Rodríguez y los funcionarios y colaboradores de su gestión involucrados en la red de corrupción develada con la Operación Medusa.
La fiscal Mirna Ortiz explicó que los arrestados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, “estimamos, hasta el momento, que estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos”.
Al presentar la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Ortiz informó que el Ministerio Público pide además que el tribunal declare el caso como “complejo” y resaltó que “la investigación apenas comienza”.
Estas investigaciones están a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirigen los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wison Camacho.
“Esta Procuraduría se caracteriza por presentar casos fuertes, como dice la magistrada Yeni Berenice: casos blindados; y esta medida de coerción tiene la misma característica de las anteriores”, resaltó la fiscal Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca.
“Este es un caso fuerte, con todas las evidencias que permitirán a los jueces otorgar la medida de coerción que estamos solicitando”, sostuvo.
Además del exprocurador Rodríguez, en el caso están implicados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
Mirna Ortiz, quien acudió a presentar la medida acompañada de un grupo de fiscales de la Pepca, recordó que el Ministerio Público persigue al imputado Canó Sacco, quien pudo salir del país antes de ser arrestado.
