Por Javier Herrera. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aclaró este martes que cuenta con apropiación presupuestaria y la autorización por parte del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, para la compra de dos vehículos por un monto de estimado de 6.4 millones de pesos.
Dicha entidad dijo, además, que el presupuesto para la compra de dos yipetas SUV se autorizó el pasado 14 de junio, previo emisión del decreto 396-21, el cual prohíbe la compra de vehículos de motor durante el año 2021 para funcionarios públicos.
Además, explica que el pliego de condiciones no hace referencia a marcas, tal y como especifica la Ley 340-06.
“Se trata de un vehículo todo terreno por razones de seguridad que garanticen el desplazamiento en todo el territorio nacional para el ejercicio de nuestras funciones y competencias”, establece Contrataciones Públicas.
En ese sentido, se mantiene el proceso abierto de licitación sin adjudicar para la adquisición de los citados medios de transporte.
“El proceso, acorde al cronograma de licitación pública, tiene previsto apertura de propuesta técnica el 6 de agosto; apertura y lectura de oferta económica el 30 de agosto, adjudicación el 3 de septiembre y suscripción de contrato con proveedor seleccionado para el 17 de septiembre”, explicó dicha entidad, cuyo titular es Carlos Pimentel.
De acuerdo a la descripción técnica, se trata de dos yipetas cero kilómetro, año 2020, con tres filas de asientos con capacidad para siete pasajeros y tapicería en piel, así como con un sistema de frenos ABS y EBS con un motor de 2.0 a 3.5 litros, en gasolina como combustible, entre otras especificaciones.
Se recuerda que, el pasado 20 de junio, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 398-21, en el que se contempla, entre otras medidas de austeridad, las reducciones de gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones por parte de servidores públicos.
Además, la disposición gubernamental prohíbe las compras de vehículos de motor, excepto aquellos que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que sean asignados y debidamente autorizados.
