La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este martes los 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción impuesto al coronel Rafael Núñez de Aza y Alejandro Montero Cruz, ambos imputados por el caso Coral.
Los jueces del tribunal acogieron el pedimento del Ministerio Público de desestimar un recurso interpuesto por los implicados con el que buscaban una medida menos gravosa en su contra.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca), Wilson Camacho, manifestó que “la Corte acogió los planteamientos del Ministerio Público, los cuales no adolecían de ninguno de los defectos que los imputados alegaban”.
Asimismo, Camacho aseguró que los alegatos de la defensa de los acusados carecen de base legal.
En tanto, que Félix Portes, abogado de Rafael Núñez, indicó que solicitarán una vez más la revisión a la medida de coerción impuesta a su cliente.
En el expediente del Ministerio Público figuran como encartados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el que se instaló el mecanismo de corrupción que sustraía fondos a través de las nóminas oficiales y que extendió sus garras de corrupción a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Con Cáceres Silvestre está imputada Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), quien se valió de sus actividades religiosas para desarrollar actividades ilícitas que afectaron al Estado y a los fondos de los contribuyentes.
También, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa, y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
