Médicos que laboran en los institutos Nacional de Patología Forense Dr. Sergio Sarita Valdez y Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) dieron una voz de alerta y calificaron de precarias las condiciones en las que desempeñan sus labores de determinar el origen de las lesiones sufridas por un herido o la causa de la muerte mediante el examen de un cadáver.
Nuria Investigación Periodística logró acceder con una cámara oculta al Instituto Nacional de Patología Forense “Dr. Sergio Sarita Valdez” y la verdad es que el estado de la infraestructura física y las condiciones en que los médicos trabajan allí son alarmantes. “Falta de indumentaria, falta de incentivos y falta de una infraestructura realmente adecuada para la realización de autopsias y para la realización de evaluaciones físicas en las Fiscalías”, denunció el doctor Urías Rodríguez Gómez, médico forense supervisor que son algunas de las deficiencias.
Los médicos denunciaron que la falta de insumos va desde un simple gel antibacterial y alcohol hasta los suministros y utensilios para examinar los cadáveres. Además, Las neveras, donde se conservan los cuerpos que aún no han sido reclamados por los familiares, están a falta de mantenimiento y los equipos de radiología están completamente obsoletos, pues datan del año 1998. “Hubo cierta mejoría hace 20 años atrás, pero se ha quedado en los 20 años atrás. Todo debiera estar en acero inoxidable, debiera tener más de 2 aires acondicionados. La indumentaria debiera ser mejor. Una tijera que no corte afecta a la calidad de mi autopsia”, explicó el doctor Rodríguez Gómez.
Por su parte, el doctor Jeff Vélez Germán, coordinador de Investigación y Docencia del Instituto Nacional de Patología Forense, afirmó: “Lo que yo describa con palabras no es ni un 10 por ciento de la situación que un forense pasa”. Otro médico que quiso proteger su identidad calificó las condiciones en las que trabajan como “deplorables. Dígase tanto en levantamiento de cadáveres como los que hacen autopsia en el departamento o en el Instituto de Patología”. Precisó que tienen que trasladarse a múltiples zonas, muchas veces de noche, en ambulancias con las luces delanteras y las centellas dañadas, altamente contaminadas y sin aire acondicionado.
“Tiene como un año y medio en construcción, creo. Se paró por el COVID y luego tomaron otro pretexto para pararla: No hay presupuesto”, señaló el doctor Rodríguez Gómez en referencia a la readecuación de las instalaciones que albergan al Instituto Nacional de Patología Forense “Dr. Sergio Sarita Valdez”.
Según establece el personal, la única escuela para formar estos especialistas en el país tiene otros desafíos. “Los residentes no están viendo muertes violentas. O sea, no están viendo muertes por un diagnóstico de disparos. No están viendo estocadas. No están viendo estrangulación”, indicó el doctor Vélez Germán. Atribuyen esta situación a que, en la actualidad, el INACIF es la única institución que está examinando muertes violentas. Mientras, que la labor del Instituto Sergio Sarita Valdez se ha limitado a analizar los fallecimientos por causas naturales o de interés epidemiológico.
“Es desde el 2016 que no sale un médico forense graduado para lo que se hizo”, condenó el coordinador de Investigación y Docencia de Patología Forense.
Además del Instituto de Patología Forense, la Unidad de Cadáveres en Descomposición del Cementerio Cristo Redentor, no se escapa del estado calamitoso y de la falta de seguridad, pues muchos residentes de la zona agreden al personal médico en retaliación por el mal olor que despiden los cadáveres. “Mis compañeros viven prácticamente haciendo autopsias, que ahora hay agua, pero en cinco minutos se va el agua”, agregó un médico que quiso ocultar su identidad.
Las regionales del INACIF, según denunciaron, también se encuentran en la podredumbre. Los profesionales plantearon la necesidad de que estas tengan su propia área de tanatología, o sea donde hacer las autopsias médico-legales, y están “arrimados” en los hospitales provinciales. “En Azua, estamos en el Taiwán, arrimados con una sola mesa, con una nevera que no sirve. En Santiago estamos arrimados al Hospital Regional Arturo Grullón. En San Francisco estamos arrimados también al hospital con una sola mesa de autopsia”, detalló Rodríguez Gómez.
Y las vicisitudes denunciadas por los médicos forenses continúan, cuando ni siquiera tienen protección a la hora de ir a un juicio o de levantar un cadáver. “Tampoco tenemos una seguridad que nos ayude a colaborar con que si un familiar no quiere que levanten un cuerpo violento, como muchas veces se ha dado que han agredido médicos, no tenemos un policía que nos conserve, o sea, que nos garantice realmente nuestra vida”, advirtieron.
En ese sentido, el doctor Urías Rodríguez Gómez apuntó que “el médico forense que va a la audiencia va solo, sin seguridad y muchas veces lo que tú declaras en la audiencia puede perjudicar al imputado y el familiar te está viendo que eres tú. Y hemos tenido casos en que familiares han amenazado”.
Indican que tampoco fueron protegidos con la llegada del COVID al país, pese a que también forman parte de ese personal de primera línea que puso en riesgo su vida en la batalla contra la pandemia, pues aseguraron que el protocolo en INACIF y Patología Forense fue nulo al no proporcionarles los trajes de bioseguridad y otros insumos necesarios para librar esta guerra sanitaria mundial.
“El área médica da pena porque te puedo decir que si se ponen a sembrar, a cultivar esa área, pueden hasta que encuentren la nueva cepa, porque todos han estado reinfectados, tanto choferes como médicos”, afirmó uno de los denunciantes.
Otra anomalía denunciada por los forenses está relacionada con las direcciones generales del INACIF, Francisco Manuel Gerdo Rosales, y del Instituto Nacional de Patología Forense Doctor Sergio Sarita Valdez, Santo Jiménez Páez, nombrado el primero de febrero de 2008. En el caso del director general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, consideraron que su designación, que por cierto fue en el año 2008, cuando se creó la entidad, viola el artículo 10 de la Ley 454-08.
“Si él no es forense, él no debe dirigir a INACIF”, dijo Vélez Germán en alusión a Gerdo Rosales, un ingeniero industrial, con maestría en alta gerencia, entre otras certificaciones en diferentes áreas.
Vélez Germán y un médico que quiso proteger su identidad acusaron al director del INACID de violar el artículo 9 de la Ley que crea la identidad al no haber convocado, en ninguna ocasión durante estos trece años, al Consejo Directivo para elegir mediante concurso al titular de la institución que según la ordenanza puede durar tres años renovables en el ejercicio de sus funciones.
“Pienso que ni los que dirigen esas instituciones que yo te mencioné saben que pertenecen al Consejo Directivo, tal vez porque la dirección o tiene miedo de que lo quiten o esconde algo, pero no sabemos”, plantearon.
Ante la cuestionante de si la designación nuevos directores de estas instituciones solucionaría la situación, se generan opiniones encontradas. “¿cómo esas regularidades se eliminan? cambiando las direcciones”, aseguró un denunciante anónimo.
Por su parte, el médico forense supervisor, Urías Rodríguez Gómez, consideró que “pudiera ser un avance, pero no sería un avance tan significativo si las condiciones se mantienen igual. Si los presupuestos para dichas instituciones se mantienen igual, entonces yo creo que el problema va más allá de un cambio de dirección, sino que realmente los gobiernos le interesen el avance de la ciencia forense”.
Para este año, el Viceministerio de la Garantía de la Calidad de Salud Pública tiene contemplado un presupuesto de 146 millones de pesos para el Instituto de Patología Forense, con 14 médicos nombrados (3 patólogos, 6 forenses y 5 odontólogos), que reciben el apoyo de 4 a 5 residentes por nivel académico. Mientras, el Presupuesto del INACIF para este 2021 asciende a más de 209 millones de pesos, con aproximadamente 121 médicos, de los cuales 50 son forenses (con especialidad) los restantes son legistas, o sea técnicos formados mediante entrenamientos y talleres.
De acuerdo a datos de abril de este año, República Dominicana apenas cuenta con 135 médicos graduados en medicina forense y el 40 por ciento de estos no logra ejercer la especialidad por falta de oportunidades y los que logran insertarse al mercado laboral, ya hemos visto en cuales condiciones lo hacen. La Procuraduría General de la República y el Ministerio de Salud Pública son las únicas dos fuentes de empleo para estos especialistas.
“La cara principal es el médico legista forense. Sin embargo, al médico forense es al que menos importancia se le da, al que menos se valora”, lamentó uno de los denunciantes.
A propósito de esta denuncia, Nuria Investigación Periodística mostró un trabajo que realizaron en enero de 1989 sobre el hallazgo de un cadáver en la llamada “Cueva del Diablo” del parque Mirador Sur, que fue incinerado por las autoridades, borrando así todas las evidencias que pudieran permitir determinar si hubo manos criminales y la identidad del muerto. Precisamente, en aquel entonces no existía, en nuestro país, un organismo de medicina legal como tal. Los cadáveres eran llevados a las morgues de los hospitales. Y es así como este caso quedó impune.
A raíz de aquella situación es que, pocos meses después, se crea el Instituto de Patología Forense mediante el decreto 58-89, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República, con la función principal de realizar autopsias judiciales conforme a lo establecido en la Ley número 136 del 23 de mayo de 1980, con años de atraso en referencia con países de la región que ya contaban con organismos de medicina legal, como Costa Rica, establecido en 1965; y, nuestro vecino, Puerto Rico, creado a finales de la década de 1940. En una medida que no se entiende, en el 1999, en lugar de ser dependencia de la Procuraduría pasa al Ministerio de Salud Pública. Casi 20 años después, mediante la Ley 454-08, del 28 de octubre del 2008, se crea el INACIF, órgano técnico, dependiente de la Procuraduría General de la República, pero con funciones independientes para analizar las evidencias, entre ellas cadáveres, pequeños indicios o trazas de armas de fuego, casquillos y proyectiles, así como las drogas y sustancias controladas decomisadas en toda la geografía nacional.
