Por Mía Espinosa.- Los señalados por el Ministerio Público como responsables del entramado de corrupción de la “Operación Coral”, empezaron a sentir la fría soledad que embarga a los privados de libertad sin siquiera haber sido trasladados, pues ninguno ha recibido visitas en el día de hoy.
Según informaciones que suministró a N digital uno de los agentes que custodia, la entrada de cárcel de la Fiscalía del Distrito Nacional, ni los representantes legales, ni familiares, fueron vistos hoy por los largos pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, Tanner Flete, el coronel Rafael Núñez de Aza y Alejandro José Montero, aguardan en dicha penitenciaría, por su traslado a las cárceles Najayo Hombres y Najayo Mujeres respectivamente.
Conforme a datos extraoficiales, los acusados podrían ser llevados a sus nuevos destinos este martes alrededor de las 6 de la tarde, luego de que la jueza Kenya Romero, acogiera ayer la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público.
En cuanto al Mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, para quien fue solicitada la prisión domiciliaria tras su colaboración con la Procuraduría, su trasferencia fue efectuada la madrugada de este martes a un domicilio secreto, solo conocido por escasos miembros del Ministerio Público.
FALLO CASO CORAL
Todos implicados deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva, tras haber sido acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La magistrada Kenya Romero también declaró el caso complejo a petición del Ministerio Público.
Tras el fallo de la jueza, los abogados de la defensa dijeron que estudiarían el mismo para posteriormente decidir si apelar o solicitar revisión.
En tanto que la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, a su salida de la Sala de Audiencias del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, manifestó que el límite de las actuaciones del Ministerio Público es la Constitución y que la decisión de la jueza es acertada y apegada al derecho.
Asimismo, Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), agregó que este caso demuestra que no hay cargos ni nombres que limiten la persecución contra hechos ilícitos.
