Tanto la Dirección General de Ética de Integridad Gubernamental (DIGEIG), como el Ministerio Público, mantienen en secreto cual es el funcionario de la actual gestión que recientemente fue sometido por Ética ante la Procuraduría, a los fines de inicie la investigación de hechos que riñen con la ley penal.
Tras la información de que el expediente de un funcionario de la presente gestión había sido llevado a la PGR, para que el órgano persecutor actúe, N Digital ha hecho diligencias en ambas instituciones por saber cuál es el funcionario investigado y cuáles serían los hechos penales que este habría cometido, y la respuesta del Ministerio Público ha sido: “Las investigaciones son secretas para los terceros”.
Sin embargo, en otras ocasiones el Ministerio Público ha informado a la prensa el día y hora en que otros funcionarios serán interrogados, sus respectivos nombres y cargos, así como los presuntos hechos a indagar.
En tanto que la Digeig argumentó que en virtud de lo que establece la parte in-fine del artículo 290 del Código Procesal Penal, corresponde al ministerio público informar a los medios de comunicación: “aquellas actuaciones que, a juicio del ministerio público, no perjudiquen la investigación ni vulneren los derechos del imputado.”
Esta situación se produce en medio de dos recientes escándalos de irregularidades, uno correspondiente a un funcionario que devengaba tres salarios en el Estado, y otro por los contratos de prestación de servicios de 54 artistas por parte del Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) para las festividades navideñas del año pasado, por un monto superior a los RD$ 55.6 millones.
