A pesar de contar con una enorme riqueza natural, altas precipitaciones pluviales y cuatro grandes presas hidroeléctricas, el estado de Chiapas padece una limitada infraestructura en la distribución del agua que genera todo tipo de problemas de salud y sociales.
Al conmemorarse este lunes el Día Mundial del Agua varios expertos explicaron a Efe la paradoja que sufren los habitantes de Chiapas y los estados del suroeste mexicano al no aprovecharse como debiera toda la cantidad de agua de la región.
“La falta de infraestructura convierte en vulnerable, incluyo en tiempo de lluvia, a toda la región lo que provoca problemas de salud y un negativo impacto en el medio ambiente”, explicó a Efe José Alfredo García Bermudes, director general del Instituto Estatal del Agua de Chiapas.
Con 81 cuencas hidrográficas, Chiapas aporta el 30 % de agua dulce del país a lo que se suma una gigantesca reserva de agua subterránea, pero que no está convenientemente repartida e incluso se encuentra en parte contaminada.
“La abundancia de agua no se reparte debidamente en todo el estado, se centra en las grandes cuencas, en los ríos y sus afluentes lo que ocasiona un gran desequilibrio social”, asegura García Bermudes.
Con motivo del Día Mundial del Agua se presentará este lunes en Tuxtla Gutiérrez el programa estatal hídrico 2019-2024 que incluye las políticas públicas estratégicas junto a los objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos el del agua, alcantarillado y saneamiento para el bienestar y el consumo humano”.
Una muestra de la problemática de la limitada infraestructura de agua se observa en municipios como San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Oxchuc, Chanal, Tenejapa y San Juan Cancúc, donde al menos una tercera parte de la población padece enfermedades y gastrointestinales derivadas de la falta de saneamiento.
CRISIS POR FALTA DE INFRAESTRUCTURA
“Se ha generado una crisis no por no tener agua, sino porque no está disponible para su distribución y por la contaminación de las actividades provocadas por quienes vivimos en las ciudades”, indicó José Carmona director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) en San Cristóbal de las Casas.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), menos del 50% de la población en Chiapas puede abastecerse de agua, debido al alto costo de llevar el líquido a las zonas Sierra y Altos, donde se asientan las comunidades de mayor pobreza en el estado y la nación.
Solo en San Cristóbal de las Casas se necesitarían 100.000 millones de pesos anuales (cinco mil millones de dólares) para gestionar la infraestructura necesaria, aunque se recauda algo mas de la mitad en cuotas, dijo José Carmona
Al mismo tiempo, las cuencas hidrológicas tienen problemas de contaminación por la deforestación de las zonas altas y el uso de agroquímicos.
Según el Consejo Nacional de Población del 50% de la población que tiene acceso al agua recurso, sólo en la mitad de los casos llega el agua a las casas.
Además entre el 50 y 70 por ciento del agua se desperdicia en fugas por la deficiente red hidráulica, mientras una mayoría de ciudadanos se niega a pagar las cuotas por la distribución del agua potable.
La mejora de la infraestructura está impulsada por el Banco Mundial y sus socios multinacionales para atraer la inversión privada en proyectos destinados al tratamiento y distribución del agua.
Al mismo tiempo SAPAM en San Cristóbal ha puesto en marcha acciones para concienciar a la población y empresarios para garantizar el pago de las cuotas de distribución del agua y alcantarillado ante la negativa de una parte de la población.
Carmona agregó que se están también realizando “estudios geofísicos para los trabajos de tres pozos profundos y esperan realizar otros cuatro más”.
Por su parte, Juan José Rodrigo Jess Poo, Coordinador de Cuenca de Valle de Jovel, insistió “en que el territorio necesita ser reforestado para recuperar suelo pues existe una dinámica de agresión al bosque muy fuerte”.
Tanto el Instituto Estatal del Agua, Ayuntamientos Municipales y organizaciones civiles ven necesaria la participación de la población para solventar la infraestructura del agua que pasa por el reconocimiento del pago de cuotas que cubran los gastos de la infraestructura de distribución del agua, saneamiento y alcantarillado.
