El Congreso de los Diputados de España ha aprobado este jueves la ley orgánica que regula la eutanasia, de manera que España se convierte así en uno de los seis países en los que el suicidio asistido es legal. Podrán acogerse a esta ley aquellas personas que padezcan una enfermedad grave e incurable con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.
La iniciativa ha salido adelante en poco más de un año desde que el Partido Socialista presentara la proposición de ley, en enero de 2020. Se trata del tercer intento en el país por sacar esta normativa, después de otros dos que no pudieron salir adelante por la inestabilidad política. En esta ocasión ha contado con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones.
Bajo la supervisión de dos profesionales ajenos al caso y una comisión interdisciplinar
La nueva legislación legaliza y regula tanto la “administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente” como “la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que éste se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte”, es decir, tanto la eutanasia como el suicidio asistido, que podrá tener lugar tanto en un centro médico como en el domicilio del paciente.
El procedimiento que se establece comienza con la petición del paciente, que deberá realizarla por escrito dos veces en 15 días y en la que debe quedar claro que no obedece a ninguna presión externa. El enfermo podrá cambiar su decisión en cualquier momento y también podrá dilatar su ejecución todo lo que considere una vez haya recibido la autorización.
Tras la segunda petición, el médico del paciente trasladará la solicitud a la comisión que debe ser creada en cada Comunidad Autónoma. Esta asignará a dos profesionales, ajenos al caso, para que examinen la solicitud. Posteriormente, la comisión aprobará o rechazará la decisión que esos dos especialistas tomen.
La norma no precisa la composición exacta de esa comisión, que será fijada por cada región, aunque establece que constará de un mínimo de siete personas, entre los que se incluirán especialistas médicos, jurídicos y de enfermería. El dictamen de la comisión debe emitirse en un máximo de 19 días.
Respaldo de casi el 90 % de la ciudadanía
Según diversas encuestas, una abrumadora mayoría de la sociedad española, cercana al 90 %, apoyan esta legislación. De hecho, la iniciativa presentada por los socialistas ha contado con el apoyo y el impulso de familiares de personas que solicitaron ayuda para morir dignamente y que el año pasado presentaron más de un millón de firmas a favor de esta regulación.
El último caso que sacudió a la opinión pública y significó un impulso para que el Congreso contemplara la necesidad de esta ley fue el de María José Carrasco. Su marido, Ángel Hernández le ayudó a acabar con su vida después de haber estado cuidándola durante más de 30 años, desde que fue diagnosticada de esclerosis múltiple. Ya se encontraba en fase terminal y le había pedido de forma constante que le ayudara a acabar con su vida para poner fin a su sufrimiento y tener una muerte digna. Llegó a hacerlo incluso ante las cámaras de la televisión pública española.
Hernández fue detenido y acusado de homicidio, su caso llegó a pasar por un Tribunal de violencia machista, aunque finalmente recaló en uno ordinario. Ha donado los 300.000 euros de la herencia que le dejó su esposa a la investigación sobre la cura para la enfermedad que sufrió Carrasco y aún se encuentra pendiente de que su caso sea resuelto en los tribunales.
Partidos de derechas y colegios médicos contra la norma
Pero la norma también cuenta con oposición. Dentro del Hemiciclo, el Partido Popular, la fuerza de ultraderecha Vox y Unión del Pueblo Navarro han clamado por una ley integral de cuidados paliativos y en contra de esta iniciativa. Incluso se ha llegado a afirmar que esta ley legaliza el asesinato.
La Organización Médica Colegial, integrada por los Colegios Provinciales Oficiales de Médicos, también se ha mostrado contraria a esta regulación. Han avisado que que controlarán cómo se implementa la cláusula de objeción de conciencia, que permite al profesional su rechazo a participar en un proceso si lo considera contrario a sus convicciones éticas, morales, o religiosas.
