“Nosotros no queremos una Fuerza Armada que se pase a la oposición, queremos una Fuerza Armada que se pase a la Constitución”.
Con esas palabras se dirigió el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela a los militares de su país para pedirles tomar posición en el conflicto surgido entre el Poder Legislativo, controlado por la oposición, y el Ejecutivo, controlado por Nicolás Maduro.
La expresión, sin embargo, no pertenece al actual presidente de la AN, el diputado Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero se juramentó como presidente encargado de Venezuela en un acto calificado por el presidente Nicolás Maduro como un “intento de golpe de Estado”.
Su similitud con los llamados que dos años más tarde hace Guaidó revela no solo el estancamiento en el choque de poderes que vive Venezuela desde que en 2016 la oposición se hizo con el control de la AN, sino también el papel central que se le atribuye a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la definición de la crisis que sacude a ese país.
Otra diferencia es que ahora el conflicto ha llevado a una alta implicación de la comunidad internacional.
Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de los países de América Latina han decidido desconocer al gobierno de Maduro, mientras que Rusia, China, Turquía y otros países de la región como Bolivia, Nicaragua y Cuba respaldan al mandatario chavista.
Pero hay cosas que, hasta ahora, no parecen haber cambiado: el apoyo de los militares al gobierno de Maduro.
“Los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley. La FANB defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional”, respondió el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, el día de la juramentación de Guaidó.
Por su parte, este martes el propio Guaidó publicó una columna en el diario The New York Times donde reveló: “Nos hemos reunido con militares y funcionarios de seguridad a través de canales clandestinos y hemos ofrecido una amnistía para aquellos que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad”.
Y repitió: “El retiro del apoyo militar a Maduro es decisivo para el cambio de gobierno y la mayoría de los efectivos militares y de las fuerzas de seguridad sabe que las actuales penurias son insostenibles”.
Maduro, por su parte, ha dedicado los últimos cuatro días a realizar actos en los fuertes y cuarteles para demostrar el respaldo con el que cuenta entre los uniformados.
¿Cómo lo ha logrado?
Incentivos a la lealtad
Phil Gunson, analista principal del centro de investigaciones International Crisis Group, destaca que con la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez, los militares venezolanos salieron de los cuarteles para ocupar posiciones de mando en otras áreas.
“Antes los uniformados estaban más o menos confinados en las barracas, pero Chávez los dejó salir y les dio acceso a puestos en el gabinete, así como al control de bancos y otros servicios financieros”, le comentó Gunson a la BBC.
Rocío San Miguel, directora de la ONG venezolana Control Ciudadano, señala que el chavismo ha usado tres vías diferentes para asegurarse el respaldo de los militares. Uno de estos es lo que denomina como “incentivos a la lealtad”.
Según cifras de Control Ciudadano, los ministros uniformados en el gobierno de Maduro pasaron de representar el 25% del gabinete al 48%, entre 2014 y 2017.
La experta indica que, en 2018, ese porcentaje se redujo nuevamente a 25% debido al cambio en la situación del país.
“A los militares ya no les interesan los cargos burocráticos porque en los ministerios ya no hay dinero. Entonces, la línea política de los incentivos económicos a la lealtad empezó a gestionarse a través de tres líneas vinculadas a la burocracia: la petrolera estatal PDVSA, que la dirige un general de la Guardia Nacional; la estatal minera Camimpeg, que está bajo un general del Ejército; y la administración de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), que la dirige directamente el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López”.
Vigilar y castigar
La llegada de Chávez al poder también significó, según Gunson, la aplicación de una purga dentro de las FANB con el fin de garantizar que los altos mandos estuvieran alineados con sus ideas de izquierda.
Esta criba no se hizo de un solo golpe sino que fue progresiva y tuvo distintos momentos.
A lo largo de estos 20 años muchos altos oficiales que podían ser críticos con la semilla ideológica que el chavismo intentaba sembrar en los cuarteles fueron pasando a retiro. Algunos silenciosamente y otros de forma estruendosa, como el general Raúl Isaías Baduel, quien fue el responsable de restituir a Chávez en la presidencia cuando este fue derrocado en 2002 y luego fue su ministro de Defensa.
Durante su discurso de pase a retiro, en julio de 2007, Baduel formuló críticas al capitalismo de Estado y rememoró el fracaso del socialismo real, lo que fue el primer indicador público de que se abría una brecha entre él y Chávez.
Meses más tarde, se opuso al proyecto de reforma constitucional que impulsó el mandatario para establecer, entre otras cosas, la reelección indefinida.
No mucho tiempo después, la Fiscalía Militar abrió una investigación en contra de Baduel, quien fue detenido en 2009 y condenado a ocho años de cárcel por actos de presunta corrupción. Él atribuyó la sentencia a sus críticas al gobierno. “Soy un preso de Chávez”, dijo.
“En una primera etapa eso significaba la separación de cargos y la falta de asignación de cargos a oficiales. Posteriormente, vino la adopción de resoluciones mediante las cuales dieron de baja de forma masiva a los militares. Eso no tenía precedente en la historia contemporánea. Y en los últimos años incluso la privativa de libertad para algunos grupos de oficiales de manera ejemplarizante”, comenta la experta.
“Maduro avanzó en una etapa más profunda que fue la de la extendida criminalización. Privó de libertad a muchos efectivos, la mayor parte de ellos por delitos políticos e incluso el año pasado llegó a un hecho inédito que fue degradar y expulsar de la FANB a oficiales de comando por delitos políticos. En el pasado, las degradaciones solamente ocurrían por casos de drogas”, apunta.
Según cálculos de Control Ciudadano, entre 2018 y 2019 ha habido unos 180 militares que han sido privados de su libertad por razones políticas.
Patria o cárcel
“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política”.
“Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”.
Los fragmentos anteriores son extractos de los artículos 328 y 330 de la Constitución de Venezuela.
Sin embargo, el ahora fallecido presidente Hugo Chávez impulsó la identificación de la FANB con su propuesta socialista desde mediados de la década pasada.
Entonces, en los cuarteles venezolanos comenzó a aplicarse el lema de “patria, socialismo o muerte”. Y en pocos años, en sus discursos muchos de los generales remarcarían cotidianamente que eran “socialistas, revolucionarios, chavistas y antiimperialistas”.
De hecho, en su perfil de Twitter el general Padrino López se define como “soldado bolivariano, decidido y convencido de seguir construyendo la patria socialista”.
Rocío San Miguel considera que la FANB se ha convertido en estos años en “el aparato militar de la revolución”.
“Es una fuerza personalista que no responde al Estado o a la Constitución, sino a partidos y a personas, justo lo que prohíbe la Constitución”, apunta.
En su momento, Chávez justificaba el uso del controvertido lema, con el argumento de que los soldados “están conscientes de que sólo por la vía del socialismo tendremos Patria, es un soldado patriota”.
Ideologías aparte, Phil Gunson asegura que algunos militares quieren que se mantengan las cosas como están porque están obteniendo beneficios.
“Si tu oficial es corrupto y tus cuerpos de inteligencia se mantienen informados sobre quién está robando, entonces construyes grandes expedientes sobre cada individuo lo que hace muy difícil para ellos cambiar de bando”, comentó Gunson.
Agregó que hay otros casos de funcionarios que se han visto implicados en violaciones de los derechos humanos y que tienen miedo de que si el gobierno cae, ellos terminen presos.
La oposición ha ofrecido una amnistía para los militares que colaboren a “restituir el orden constitucional” en Venezuela.
En sus mensajes públicos, Padrino ha justificado el apoyo de los militares a Maduro en términos completamente distintos a los usados por San Miguel y Gunson.
El general ha reivindicado la legalidad de la elección de Maduro como presidente en mayo de 2018 y lo ha mostrado, por tanto, como un acto de apego a la Carta Magna.
En todo caso, si el apoyo de los militares a Maduro se basara solamente en la obtención de beneficios y prebendas, San Miguel señala que se trataría de un grupo reducido, pues la mayoría de uniformados sufren -como el resto de la población- los rigores de la crisis económica venezolana.
“El 97% de la FANB está afectada de la misma manera como lo está el resto de la sociedad. El 3% restante son personas de la FANB que tienen acceso a enormes fuentes de recursos económicos por distintas vías, legales e ilegales”, asegura.
La experta indica que aún no se sabe qué rumbo tomarán los militares ante la nueva coyuntura.
