Los familiares y abogados del Ing. Aquiles Christopher, ex Fiscalizador de OISOE, encartado en el caso Anti-Pulpo, solicitaron por tercera vez, que sean ponderadas pruebas y circunstancias a descargo, así como que el mismo sea interrogado para arrojar claridad sobre su situación, sin que hasta el momento hayan tenido respuesta.
Dentro de los documentos aportados a la Procuraduría General de la República, están varias carpetas de pruebas que demuestran que Aquiles como fiscalizador era un empleado de 4ta jerarquía, y por ende no tenía capacidad ni calidad para las imputaciones del Ministerio Publico, ya que en dicha Dirección no se autorizan pagos, no se fija precios, no se hacen presupuestos, no se hacen listas de equipos médicos (venían del sns), no hacen conduces, no entregaban equipos y no hacían cubicaciones.
La fiscalización se hacía después de todo el proceso y no era necesaria para realizar pagos, o cubicaciones, sino que era una especie de control interno para la dirección de esta entidad en algunos casos, y en tal sentido se han aportado pruebas de varios proyectos en los que el Ing. Aquiles no participo (Ej. Hospital Toribio Bencosme de Moca), ni realizo fiscalización y de igual forma fueron pagados, ya que los pagos y precios dependían de otros departamentos internos y externos. De igual forma, se presentó un modelo de los informes realizados por el Ing. Aquiles, donde incluso se anexan fotos de los equipos recibidos, así como indicación de los que faltaban. Cabe destacar que un año después, muchos equipos han sido movidos de su lugar por varias causas, incluso a solicitud del SNS.
La defensa del imputado plantea, está encabezada por Juan José Eusebio, quien planteó como errores la desnaturalización de sus funciones, calidad y capacidad dentro de OISOE, su oficina estaba a varias cuadras del edificio principal, sin acceso a la dirección y toma de decisiones.
También que el día de su arresto no le fue notificada el acta de allanamiento ni a él ni a su hija como dice la ley, además de que se violaron las 48 horas para presentarlo ante un juez, ya que lo presentaron 9 días después.
Así como la orden de allanamiento en su paina 5 usa como prueba de su supuesto enriquecimiento ilícito un apartamento adquirido en el año 2000, cuyo título anexamos, ya que no posee ninguna propiedad, y entro a trabajar en la OISOE en el año 2015, es decir 15 años antes ya vivía allí.
No se ha tomado en cuenta que tiene prácticamente 75 años, dos infartos, entre otras condiciones crónicas, en cuyo caso la ley prevé otras medidas distintas a la prisión preventiva, lo cual ha sido certificado por sus médicos, ya que lleva 3 meses ingiriendo alimentos nocivos para su caso particular y en condiciones de alto riesgo, que podrían llevarle a una muerte súbita.
