Redacción N Digital
La Fiscalía del Distrito Nacional logró prisión preventiva contra un hombre que fue detenido por exceso de velocidad y que llevaba en su vehículo una suma millonaria de dinero y un arma de fuego sin documentación.
Jean Carlos González Paredes fue apresado el pasado 15 de enero, próximo al puente Juan Bosch, tras ser detenido por la Policía por conducir a alta velocidad por el elevado de la avenida 27 de febrero.
Al requisarlo, los agentes actuantes se percataron que el conductor llevaba en el asiento trasero del carro una funda que contenía una suma superior a tres millones de pesos en efectivo, así como un arma de fuego sin registro y dos teléfonos celulares.
El Ministerio Público, representado por el fiscal José Luis Lantigua Bonilla, presentó ante el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional las pruebas que sustentan la acusación, las cuales resultaron suficientes para enviarlo a prisión.
Un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía del Distrito Nacional explica que esta medida de coerción fue solicitada debido a que el imputado González Paredes no ofrece garantías para presentarse a los actos del proceso judicial y en razón de que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.
Segundo implicado
En el expediente presentado por el Ministerio Público también se acusa del mismo delito a Felipe Camacho del Orbe, quien se desplazaba en otro vehículo de la misma marca e igual color y por la misma vía, también a alta velocidad, y a quien los miembros de la Policía Nacional le hallaron cinco millones 036 mil 150 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.
Sin embargo, el juez otorgó a Camacho del Orbe la libertad pura y simple.
Al respecto, el fiscal Lantigua informó que el Ministerio Público recurrirá esta decisión, debido a que ambos encartados en el expediente violaron el artículo 3, numerales 1, 2, 3, 4 y 5; el artículo 9, numerales 1 y 2, y el artículo 10, numeral 5, de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de la República Dominicana. El expediente también incluye violaciones a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
