El ex Procurador, Jean Alain Rodríguez, denunció una campaña de descrédito en su contra, por parte de los imputados en el caso Odebrecht.
Recientemente Ángel Rondón Rijo, uno de los principales acusado de haber recibido sobornos por parte de la constructora brasilera, aseguró que Rodríguez le propuso inculpar varios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmación que fue desmentida por el ex procurador.
Dijo que la campaña inició en marzo del 2017 con el objetivo de confundir a la opinión pública a través de falsas historias pretendiendo escapar de su responsabilidad penal.
Exhortó a los imputados y a sus abogados a presentar sus argumentos de defensa ante la justicia, en los tribunales, y no mediante fábulas y campañas de difamación en los medios de comunicación.
Pidió recordar que el caso Odebrecht vino referido judicialmente desde Brasil y Estados Unidos, luego de un acuerdo con la empresa, que incluyó testimonios y evidencias ofrecidas por sus propios ejecutivos, que admitieron los hechos y ofrecieron detalles de los mismos y que las investigaciones que se realizaron durante la gestión sobre este expediente, fueron realizadas por gran parte del mismo Ministerio Público que hoy continua el caso.
Resaltó que originalmente fueron imputadas quince (15) personas, algunas de ellas Legisladores y Ministros del PLD y del PRM, sin importar partido político ni condición social, y que luego el Ministerio Público procedió al archivo del expediente de ocho (8) de ellas, cinco (5) pertenecientes al partido PRM y tres (3) pertenecientes al PLD, por no encontrarse pruebas que evidenciaran su participación en los hechos que fueron mencionados, presentándose acusación a siete (7) imputados pertenecientes a los tres (3) principales fuerzas políticas.
Sobre las solicitudes de copia de cheques para demostrar aportes de campaña a candidatos, en particular del actual presidente Luis Abinader, fue desmentido puesto que en la fase de investigación el Ministerio Público cuenta con una orden de un juez y tiene acceso a las cuentas bancarias de los imputados y, por ende, se hace innecesaria requerir esta información a dichos imputados.
Destacó que desde el 16 de agosto de 2020 hay nuevas autoridades gubernamentales y al frente del Ministerio Público, sin embargo, se mantienen las mismas acusaciones y el mismo expediente con más de 1,700 pruebas documentales trabajadas durante dicha gestión.
