La testigo Carmen Nadiezka Álvarez volvió a subir este martes al estrado en el juicio de Odebrecht para testificar en relación al informe financiero que realizó sobre el exsenador Andrés Bautista, cuya defensa presentó objeciones a la mayor parte de las pruebas presentadas durante la declaración.
Parte de la mañana se empleó en dilucidar la pertinencia de una objeción de la defensa de Bautista, interpuesta en el día anterior, relativa a una prueba presentada durante el testimonio de Álvarez, autora de los informes de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el imputado.
Con la testigo fuera de la sala, para no contaminar su posterior testimonio, la defensa reiteró que la acusación actuó fuera de los plazos establecidos por el juez instructor del caso para solicitar las evidencias contra Bautista a la Superintendencia de Bancos.
La defensa también adujo que se violaba el derecho a la intimidad de su cliente, puesto que el expediente contenía informaciones personales y de un periodo en el que Bautista no era funcionario.
Tras casi dos hora de réplicas, contrarréplicas, deliberaciones del tribunal y revisión de las pruebas, las juezas concluyeron que el informe “contiene gráficos que desbordan el ámbito de una autorización emitida por un juez de la instrucción”.
Así, dispusieron que la información de una serie de páginas no sea incorporada y “se cercene la prueba porque transgrede los límites del juez de la instrucción”.
Con la testigo de vuelta en la sala se le presentaron, para su identificación, una serie de anexos consistentes en la certificación del Senado de ingresos por salario, extractos de cuentas aportados por la Superintendencia de Bancos, así como la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sobre productos financieros del imputado, como inmuebles, vehículos, participación accionaria y pago de impuestos.
Ante estas pruebas, hubo diversas objeciones de los abogados de Bautista porque el contenido “excede el tiempo que fue autorizado por el juez de la instrucción” para la obtención de datos del imputado y empresas relacionadas, argumentaron.
Además, los documentos físicos de uno de los anexos estaban acompañados por un CD con parte de la información aportada por la Superintendencia, objeto que el tribunal no admitió como prueba porque “no tiene ningún carácter distintivo que permita a la testigo reconocerlo”, indicó la juez Esmirna Gisselle Méndez.
Las recurrentes oposiciones de la defensa llevaron al tribunal a permitir incorporación de las pruebas del Ministerio Público constando en acta la observación de que no se admitirá ninguna información posterior a agosto de 2016, indicando las páginas contentivas de esos datos que rebasan la autorización judicial.
Además de Andrés Bautista, por este caso están imputados el empresario Ángel Rondón, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y los exsenadores Tommy Galán y Roberto Rodríguez, así como el abogado Conrado Pittaluga.
La constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana para obtener la adjudicación de obras públicas entre 2001 y 2014.EFE
