Redacción N Digital
Varias irregularidades han sido detectadas en dos licitaciones realizadas por el Ministerio de Educación para la adquisición de 752,000 equipos tecnológicos para suplir el año escolar a distancia que lleva a cabo la República Dominicana desde noviembre del año pasado.
En un trabajo publicado por el periódico Diario Libre, se detalla que un funcionario en condición de activo en el Banco de Reservas (Banreservas) y un empresario que actualmente enfrenta un proceso judicial, se adjudicaron los contratos de venta de casi 30,000 equipos por más de 621 millones de pesos
El referido reportaje indica que en la licitación de los 752,000 equipos —la MINERD-MAE-PEUR-2020-0002— resultaron ganadoras un total de 56 empresas, en un proceso de emergencia que realizó el Ministerio de Educación (Minerd) en diciembre pasado. La factura del ambicioso programa de compra de laptops para asegurar el acceso a la educación en medio de la pandemia del COVID-19 asciende a unos 10,200 millones de pesos, por debajo de los 12,068 millones de pesos que el gobierno inicialmente estimaba destinar.
La periodista Suhelis Tejero Puntes señala que detrás de Madison Import SRL está el actual vocal suplente de Banreservas, Anel Marcial Veras, quien fue designado en esa posición pública el 21 de agosto del año pasado, según el decreto presidencial 373-20. Madison Import es una compañía creada en 2004, que entre los años 2005 y 2010 tuvo como su accionista mayoritario a Maxy Geraldo Montilla Sierra, el hermano de la exprimera dama de República Dominicana, Candy Montilla de Medina.
De acuerdo a los registros de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, en marzo de 2010 Montilla Sierra vendió la mayoría de las acciones de Madison Import al Grupo Laugama, una empresa registrada en Panamá que también era propiedad del cuñado del expresidente Danilo Medina, quien también ha sido cuestionado por licitaciones ganadas en el sector eléctrico.
Pero ese mismo mes el Grupo Laugama —que hasta entonces se llamaba Laugama Limited Corp.— cambió de manos y fue vendido mayoritariamente al actual vocal suplente de Banreservas, según reposa en el Registro Público panameño.
En el Grupo Laugama, Marcial Veras es accionista junto otras empresas, una de ellas Vihisa Investments, de Víctor Hipólito Sánchez Feliz, un político que fue electo como diputado por el PLD en 2010 y luego candidato a senador por el PRM en el año 2016.
El objeto social de Madison Import indica que está autorizada a la construcción de obras de todo tipo, promoción inmobiliaria, importación, distribución y ventas de equipos del hogar, médicos, informáticos, textiles y hasta de ferretería y pintura. En la licitación se adjudicó el contrato para vender 25,000 netbooks al gobierno dominicano por 455,123,935 pesos, de acuerdo al acta de adjudicación de la licitación.
Diario Libre intentó comunicarse con Anel Marcial Veras para obtener su versión sobre la participación de su empresa en la licitación del Minerd, pero no se había logrado hasta la publicación de este reportaje. Desde el Grupo Laugama indicaron que el vocal suplente del Banreservas se encuentra fuera del país.
Omega y la defraudación
Mientras tanto, Omega Tech obtuvo el contrato para vender al Estado dominicano 4,000 unidades de laptops para profesores que dan clases a distancia en medio de la pandemia. En este caso, se trata de una operación por un monto de 166,791,206 pesos.
Lo curioso en ese contrato es que, a diferencia del resto de las empresas, la compra se hizo a un precio que supera en 21 % el referencial que había estimado el Ejecutivo a través del oficio DGTIC 359-2020 que emitió el Minerd el 16 de noviembre del año pasado. Es decir, mientras que el Departamento de Compras y Contrataciones del despacho educativo había fijado en 137,520,000 pesos la compra de cada lote de 4,000 laptops para profesores, a Omega Tech se le adjudicó el contrato por 166,791,206 pesos, unos unos 29,271,206 millones por encima de lo que había planteado el Minerd en el proceso licitatorio.
Omega Tech tiene como accionista a Alvin Emilio Jiménez Fernández, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por supuestamente realizar operaciones irregulares con empresas pantallas para defraudar y estafar al Estado dominicano y lavar activos entre los años 2015 y 2016. Fiscales del Ministerio Público conocedores del caso fueron consultados por Diario Libre e indicaron que el juicio contra Jiménez Fernández no ha concluido.
Omega Tech es una sociedad anónima registrada en República Dominicana en el año 2002 que, de acuerdo al registro de la Onapi, está habilitada para compra, venta, comercio internacional, contratos, construcciones de equipos de informática, materiales eléctricos, luces, árboles y obras de arte, entre otros.
Se solicitó varias veces al director general de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, que precisara si un empresario sometido a un juicio por presunta defraudación al fisco y lavado podía seguir participando en licitaciones públicas, si funcionarios públicos activos estaban habilitados para participar en proceso de contrataciones del Estado y si se estaban investigando irregularidades en la adjudicación de laptops para la educación a distancia, pero no se obtuvo respuesta al momento de esta publicación.
Trabajo publicado por Suhelis Tejero Puntes del Diario Libre
