La Dirección General de Contrataciones Públicas y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) acordaron este miércoles fortalecer la investigación y sanción del delito de colusión en las contrataciones públicas.
Los titulares de la DGCP y Pro-Competencia, Carlos Pimentel y Yolanda Martínez, respectivamente, se comprometieron a crear una mesa de trabajo para la elaboración de un protocolo para el tratamiento de los posibles casos de colusión.
Este delito no es más que un acuerdo secreto entre potenciales o actuales proveedores u oferentes del Estado para evitar la competencia entre sí y beneficiarse ilegítimamente de mejores condiciones de contratación con el Estado.
La firma de este acuerdo, precisamente en el Día Internacional contra la Corrupción, “es simbólica porque una de las violaciones recurrentes que conducen a los delitos precedentes de la corrupción es precisamente la colusión”, dijo Pimentel a través de un comunicado difundido por la institución que dirige.
Por su parte, Martínez señaló que a partir de la detección y prevención de este ilícito “se pueden lograr compras públicas que salvaguarden el gasto público en favor de los contribuyentes y avanzar en la construcción de un Estado de derecho”.
Otro de los ejes del convenio consiste en coordinar la realización de capacitaciones y talleres en materia de competencia y de contrataciones públicas y fortalecer el intercambio de información relacionada con los procesos de compras públicas desarrollados por las distintas entidades estatales. EFE
