(EFE).- Norma Pérez tiene 25 años viviendo en una comunidad de la zona costera de El Salvador y su cotidianidad está marcada por una latente amenaza de ser desalojada de su casa que con mucho esfuerzo ha levantado, a pesar de que el terreno donde está construida su vivienda y otras más son propiedad del Estado.
Esta salvadoreña es una de las cientos de personas que habitan en al menos cinco comunidades de los municipios de San Luis La Herradura y San Pedro Masahuat, en el central departamento de La Paz, que son parte de la zona costera de este país centroamericano y que enfrentan inseguridad jurídica sobre las tierras.
Los habitantes de estas comunidades, unas 600 personas, no cuentan con títulos de propiedad de los terrenos donde han construido sus viviendas, lo que los hace vulnerables a desalojos, a pesar de que en algunos casos las familias llevan más de 30 años viviendo en el mismo lugar.
‘Es una realidad latente (de desalojo) entre todas las comunidades, es una misma situación que nos atañe en todas las zonas’, dijo a Efe la mujer, que vive con sus cuatro hijos al lado del Estero de Jaltepeque.
Cerca de su vivienda se encuentra la playa de la Costa del Sol, un lugar turístico conocido, pero ni Norma, ni sus hijos, ni sus vecinos son bienvenidos en el lugar, ya que los dueños de ranchos privados, hoteles y restaurantes, a quienes sí se les ha legalizado la propiedad de la tierra, les restringen el paso.
‘Nosotros necesitamos un acceso público. La playa es pública, no podemos como comunidades realmente no acceder a ella, no tenemos espacios de recreación para nuestros hijos y no los podemos llevar a la playa tampoco, es una injusticia’, subrayó.
La también líder comunitaria, que mantiene una constante lucha en vista de su situación y la de sus vecinos, señaló que existe un decreto ejecutivo que permite que en cualquier momento sean desalojados de sus viviendas.
LA SITUACIÓN
Gloria Guillen, abogada de la Dirección de Cultura de Derechos Humanos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), explicó a Efe que las comunidades que están ubicadas en San Luis La Herradura y San Pedro Masahuat presentan inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra desde hace más de 35 años.
‘¿Por qué se han venido ellos a asentar a estas comunidades que inicialmente son propiedad del Estado (porque son bosques salados y áreas naturales protegidas)?. Por la necesidad de poder tener un espacio para habitar, para desarrollarse con su núcleo familiar y por la necesidad de tener una fuente de trabajo cercana’, indicó la letrada.
Guillen señaló que ‘hay más de 600 familias con el problema de inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra’.
‘El Estado y los Gobiernos nunca han prestado la atención debida para generar propuestas a esta zona (…) ven a la zona con un enfoque meramente turístico. Está bien el desarrollo turístico, pero lo que no está bien es dejar de lado la realidad que coexiste en cuanto a la problemática que cientos de familia enfrentan en estas comunidades’, acotó.
Estos ciudadanos viven, de acuerdo con la abogada, ‘en la sombra y con la amenaza de posibles desalojos al no contar con documentación que los acredite como propietarios legítimos’.
‘Cuando las personas han expresado su necesidad de tener certeza jurídica en la tenencia de la tierra, la respuesta que han tenido en distintos momentos ha sido que nadie los va a desalojar porque es propiedad del Estado. Sin embargo, si el Gobierno tiene objetivos de desarrollo en zonas turísticas específicas puede considerar el desalojo’, explicó.
La experta subrayó que el déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo, a nivel nacional es ‘bastante grande’ y ‘lo vemos remarcado en realidades como la de estas personas’.
‘Ante la posibilidad de que se les está dando realce a los desarrollos urbanísticos y turísticos en la zona (de la Costa del Sol) consideramos que esto es una potencial amenaza (…) el llamado es a que se generen las políticas pertinentes en el tema de vivienda adecuada y se consulte a las comunidades’, añadió.
Las comunidades Brisas de Jaltepeque, los Tubos, El Conchalito, El Mozote y Victoria 2000 son las que enfrentan la misma problemática, de acuerdo con Guillen.
EL PANORAMA DE LA VIVIENDA EN EL SALVADOR
Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de Fespad, señaló que el país ‘tiene una situación muy difícil en cuanto a déficit habitacional se refiere’ e indicó que un estudio de 2012 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirma que el déficit habitacional alcanzaba, en ese momento, el 52 %.
Según datos oficiales, la cantidad de hogares a nivel nacional asciende a 1.938.530, de los que únicamente un 51,7 % son propietarios de sus viviendas.
‘Muchas familias por no tener condiciones materiales de existencia no pueden acceder a una vivienda adecuada y tanto así que se han desarrollado asentamientos humanos en distintas partes del país’, enfatizó el abogado.
Flores señaló que en 2012 organizaciones sociales presentaron ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de vivienda de interés social. Sin embargo, la iniciativa no tuvo eco y ya se ha renovado el Congreso en dos ocasiones sin tener algún resultado positivo.
Además, dijo que en 2015 durante la Administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) se lanzó una política de vivienda y habitad, pero ‘no tuvo la aplicación efectiva y con el cambio del Gobierno (al de Nayib Bukele) esta política ha quedado inactiva’.
Lamentó que el Estado dé prioridad a la empresa privada, especialmente a los desarrolladores turísticos, y les brinde a ellos seguridad jurídica por el ‘buen negocio que resulte de esto’ y no a las cientos de familias, como la de Norma, que viven en constante amenaza de desalojo. EFE
