Martín Adames
Santo Domingo
Se acerca la hora en que la nueva Junta Central Electoral (JCE), se abocará a decidir mediante resolución el orden de los partidos, su clasificación como mayoritario, minoritario y emergente, y con ellos y la distribución económica del Estado a las organizaciones políticas para el año 2021.
El pleno de la JCE deberá dejar ese asunto resuelto a enero de 2021, cuando se empiece a distribuir la contribución del Estado a los partidos tras las últimas elecciones en base al presupuesto aprobado para ese año.
La controversia en torno a los recursos a los partidos, gira en torno a la Fuerza del Pueblo, organización que logró un 4.65% de los votos a nivel individual en las últimas elecciones, lo que la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en su artículo 61 lo califica como minoritario.
Sin embargo pertenecer a la partida destinada para los mayoritarios, es un aspiracional del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y que muchos dan por un hecho.
Una vez pasadas las elecciones, Fernández se empezó a autoproclamar como mayoritario.
“Es una demostración del avance, aún en circunstancias adversas, que ha realizado nuestra organización política”, añadió Fernández a ficha autoproclamación.
La saliente Junta Central Electoral le “sacó el cuerpo al tema”, dejándolo en manos de la nuevas autoridades.
La medida fue adoptada por el pleno de la JCE, mediante el acta 49-2020 del pasado 6 de agosto, en respuesta a partidos políticos que solicitaron a través de comunicaciones definir ambos aspectos.
“El Pleno con relación a los petitorios de las comunicaciones enunciadas precedentemente relativas a la categorización de los partidos para el orden de la boleta y para la contribución del estado a los partidos políticos, decide, no conocer por extemporáneas dichas solicitudes”, argumentó el acta.
Este debate deberá ser resuelto por una JCE elegida en medio de objeciones y acusaciones de parcialidad hacia el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su supuesto aliado la Fuerza del Pueblo, a quien se vincula el actual presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo por sentencias falladas durante su presidencia en el Tribunal Superior Electoral.
Será pues en enero cuando las nuevas autoridades de la JCE demostrar su apego a la ley y objetividad.
El artículo 61 de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, establece que un 80% de los recursos será distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en la última elección.
Para este renglón, y de acuerdo los resultados de las últimas elecciones, solo aplicarían el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el PRM.
Asimismo se establece que un 12% será distribuido entre todos los partidos que hayan alcanzado más del 1% y menos del 5% de los votos válidos emitidos en la última elección y un 8% para los que hayan alcanzado entre 0.01%) y 1%) de los votos válidos obtenidos en la última elección.
El criterio de distribución de los recursos de Estado se realiza conforme al artículo 61 de la Ley 33-18 de Agrupaciones y Partidos Políticos, que dispone la entrega de un 80% entre los que obtuvieron más del 5% de los votos emitidos en la última elección; un 12% para quienes alcanzaron más del 1% y menos del 5% y un 8% a los que lograron entre el 0.01% al 1%.
La asignación de los recursos a los partidos se hace de acuerdo a la Ley 275-97. Por tanto se les otorgará un 0.5% de los ingresos nacionales en los años de elecciones y un 0.25% para los años en los que no haya elecciones generales.
Se recuerda que el pasado 16 de octubre el presidente Luis Abinader dijo someterá ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para que se disminuya el 50% del presupuesto que se le entrega a las organizaciones políticas.