El presidente de Argentina, Alberto Fernández, envió hoy al Congreso un proyecto para legalizar el aborto, en medio de una amplia expectativa de los feminismos que se movilizarán de nuevo de manera masiva para que la iniciativa sea aprobada.
“Al dar inicio a este periodo parlamentario tomé un compromiso ante ustedes que hoy vengo a cumplir. En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos, legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida”, explicó en un mensaje grabado y vestido con una corbata verde, color que simboliza el apoyo a la legalización.
El segundo proyecto, agregó, instituye el Programa de los 1.000 días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida.
Fernández aseguró que lo más importante es que el Estado acompañe a las personas gestantes en sus proyectos de maternidad.
“Pero también estoy convencido de que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”, dijo.
La criminalización del aborto, advirtió, de nada ha servido, ya que sólo ha permitido que ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. “Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados. Y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esta causa”, precisó.
Un derecho resistido
El presidente subrayó que la legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas.
“No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve, solo resuelve un problema que afecta la salud pública. Permite, como ocurre en la ciudad de México o Uruguay, que disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan, brindando cobertura en el sistema de salud también se facilita el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no intencionales”, señaló.
También recordó que el debate no se trata de decirle sí o no al aborto, porque de cualquier forma ocurre de manera clandestina y pone en riesgo y la salud de las mujeres.
“Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud. Las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas de nuestro sistema legal, deben someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que una aborto implica. Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre”, afirmó.
Con respecto al Programa de los 1.000 días, el presidente explicó que busca bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición y cuidar el desarrollo emocional y físico, así como la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas.
Para lograr este objetivo, expresó, el proyecto de ley establece una nueva Asignación por Cuidado de la Salud Integral que se pagará una vez por año, y extiende de seis a nueve meses el pago de la Asignación Universal por Embarazo.
“Propongo que hagamos un debate franco que se desarrolle en el marco del diálogo democrático. Les pido que cuidemos el respeto hacia quien piensa de una manera distinta a la propia. Las diferencias nos hacen una sociedad plural y enriquecen la democracia que tanto esfuerzo nos costó consolidar. Que sea ley”, convocó Fernández, a sabiendas de que el aborto legal, seguro y gratuito es uno de los derechos que todavía genera mayor controversia social.
La ruta parlamentaria no será tan fácil, ya que el voto a favor no es unánime ni siquiera en las bancadas oficialistas. Varios legisladores ya anticiparon su rechazo al proyecto, pero también hay diputados y senadores opositores que lo apoyan y varios más que todavía están indecisos.
Con la presentación de este martes, Fernández cumple con el compromiso que realizó desde la campaña para impulsar la legalización del aborto y que oficializó el pasado 1 de marzo, en su primer mensaje ante el Congreso.
“Quiero abordar un tema que llevamos mucho debatiendo entre nosotros: la situación de las mujeres gestantes en la Argentina enfrenta problemas diversos, la legislación actual respecto a los abortos no es efectiva. Desde 1921 se penaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Es ineficaz desde su criterio preventivo”, afirmó el presidente.
Pero la llegada de la pandemia de coronavirus congeló durante meses el envío de la propuesta, por lo que las organizaciones feministas comenzaron a intensificar sus reclamos, ya fuera en movilizaciones virtuales o en múltiples actividades, como la caravana que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó a principios de noviembre en todo el país.
“Es urgente, es ahora. Será ley”, fue el lema generalizado que se extendió cada vez que organizaciones o profesionales de la salud, que rechazan este derecho, obstaculizaban un aborto legal, ya que en Argentina esta práctica está permitida desde hace un siglo en caso de que la vida de la madre corra peligro o si es producto de una violación, pero es común su incumplimiento, lo que obliga a parir a niñas que fueron abusadas sexualmente.
El anuncio
La semana pasada, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, reveló en un par de noticieros que la iniciativa entraría este mes al Congreso para ser tratada en un periodo extraordinario de sesiones, con el fin de que sea debatida ante el pleno lo más pronto posible.
“El proyecto recoge los consensos sobre el tema que hubo en 2018“, explicó la funcionaria, al referirse al debate que hubo ese año y que fue histórico, ya que la legalización fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero terminó rechazada en el Senado después de masivas e inéditas movilizaciones de mujeres que exigían ese derecho.
Ibarra agregó que los detalles del proyecto los anunciaría el propio Presidente y que su contenido se conocería en cuanto se enviara al Congreso, lo que confirmó que no sería el mismo documento elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La historia
En 1921, una reforma del Código Penal en Argentina despenalizó el aborto solamente en los casos en que el embarazo fuera producto de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer demente.
Pero un siglo después, la despenalización por causas no se cumple y hay mujeres que siguen siendo encarceladas en este país porque su embarazo fue interrumpido de manera voluntaria o involuntaria. Algunos de los casos más graves son los de las niñas que son obligadas a parir después de haber sido violadas.
El 28 de mayo de 2005, un grupo de mujeres comenzó una campaña en Argentina bajo el lema ‘Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir‘.
Las activistas eligieron el pañuelo verde como símbolo de su lucha, organizaron múltiples actos, recolectaron firmas de apoyo por todo el país y, seis meses más tarde, justo el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, marcharon de manera masiva al Congreso .
Esa campaña recogió décadas de luchas y de esfuerzos de militancia feminista, reflejadas en el Encuentro Nacional de Mujeres que comenzó a realizarse en 1986, apenas tres años después de que terminara la última dictadura, y que en su edición de 2019, como reflejo de su crecimiento y fortaleza, contó con la participación de más de 200.000 mujeres, lesbianas, travestis y trans.
El primer proyecto para legalizar el aborto se presentó en 1992, pero las adhesiones parlamentarias y el apoyo ciudadano era más bien escaso. En 2006, la Campaña terminó la redacción de una propuesta propia y al año siguiente la presentó por primera vez de manera formal ante el Congreso. Pero ni en ese ni en otros seis intentos fallidos obtuvo el respaldo que necesitaba por parte de los legisladores para ser discutida en el pleno.
La oportunidad llegó en 2018, cuando Mauricio Macri se convirtió en el primer presidente argentino en activar el debate parlamentario por la legalización del aborto.
Su decisión fue sorpresiva, ya que siempre se manifestó en contra de este derecho y lo reforzó aún más en 2019, en su campaña por la reelección que finalmente perdió frente a Fernández, quien a su vez se transformó en el primer presidente en apoyar la legalización.
Aunque Macri se negó a respaldar el derecho al aborto, e incluso radicalizó aun más su posición en contra, su decisión sí logró que en el país se discutiera como nunca antes de la interrupción voluntaria del embarazo, que el tema se instalara de manera permanente en la agenda pública y que se realizaran movilizaciones históricas. Se visibilizó, además, a una nueva generación de jóvenes feministas que se estrenaron en la lucha social con su activa participación en las calles.
El 14 de junio de 2018, la Cámara de Diputados aprobó la legalización, pero dos meses después el Senado terminó rechazado la iniciativa. La Campaña no se detuvo y al año siguiente presentó por octava ocasión su proyecto de ley, pero ni siquiera pudo discutirse.
Las expectativas
Algunas activistas temían que el presidente presentara un proyecto “lavado”, debido a la cercana relación que mantiene con el Papa Francisco y que quisiera quedar bien con las feministas y con la Iglesia, algo que en el tema del aborto parece imposible.
Pero Nina Brugo, una legendaria feminista de 75 años y cofundadora de la Campaña, no es tan determinante. Antes de que se presentara la propuesta oficial explicó a RT que estaban dispuestas a consensuar, no a negociar.
“Nunca se sabe qué puede pasar, creemos que las posibilidades de que este año se apruebe son reales, pero siempre y cuando sigamos siendo acompañadas por el movimiento de mujeres. Hasta que levanten las manos para votar, no vamos a tener certezas“, señaló.
A diferencia de otras de sus compañeras que rechazan proyectos alternativos, Brugo advirtió que no pueden partir de la premisa de que se retome el documento de la Campaña o nada.
Las campañas y presiones para evitar que se apruebe la legalización también comenzaron a través de personajes mediáticos, pronunciamientos de la Iglesia Católica y, de manera todavía menos visible, por parte de los grupos evangélicos que prefieren que el aborto siga siendo clandestino y que tienen influencia, sobre todo en legisladores de las provincias más conservadoras del país.
