París.- La Asamblea Nacional francesa debate a partir del próximo martes una proposición de ley sobre la seguridad cuyo punto más polémico es prohibir la difusión de imágenes que permitan identificar personalmente a policías y agentes con el objetivo declarado de impedir agresiones.
“Yo tengo que proteger a los que nos protegen”, explica el ministro del Interior, Gérald Darmanin, uno de los grandes defensores de ese artículo de la proposición de ley presentada por La República en Marcha (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron.
En una entrevista publicada este domingo por el diario Le Parisien, Darmanin lo justifica por los ataques personales que han sufrido y que sufren policías y gendarmes.
A ese respecto, se refiere al caso de un yihadista que en junio de 2016 asesinó a una pareja de policías en su propia casa de Magnaville, en la región de París, y delante del hijo de ambos, de muy corta edad.
También señala que en internet circulan vídeos en los que se hacen llamamientos para violar a mujeres policías y otros en los que se ficha a los agentes.
“Es intolerable -dice el ministro conservador-. El cáncer de la sociedad es la falta de respeto de la autoridad”.
A los que critican esta propuesta porque limitará la libertad de expresión e impedirá que se denuncien abusos policiales replica que se seguirá pudiendo grabar a los agentes en las manifestaciones, y que lo que se podrá hacer será su divulgación “de forma malévola”.
Añade que cuando un ciudadano filma a unos policías o gendarmes infringiendo la normativa, “lo que es extremadamente minoritario, pero puede ocurrir”, lo que tiene que hacer es acudir a la justicia para denunciarlo, y que sean los tribunales los que se pronuncien.
En su opinión, se ha producido una inversión de los valores y culpa a las “elites intelectuales” de que “cualquier medida en favor de las fuerzas del orden, de la República, sea mal vista sistemáticamente”.
Asociaciones de periodistas y diversas ONG como la Liga de Derechos Humanos llevan semanas denunciando esa iniciativa legislativa, que de salir adelante reprimirá penalmente la difusión por cualquier medio de la imagen o cualquier elemento de identificación de un agente de las fuerzas de seguridad durante una intervención al margen de su número de identificación individual.
Para esas asociaciones, el nuevo delito, que podría suponer penas de hasta un año de cárcel y 45.000 euros de multa, en realidad restringe “los derechos de los periodistas y la libertad de prensa de forma desproporcionada respecto a la realidad de la amenaza” de la que supuestamente pretende protegerlos.
Las protestas de los “chalecos amarillos” que se produjeron en Francia desde finales de 2018 y hasta bien entrado 2020 dieron lugar a una enorme proliferación de imágenes de policías actuando contra los manifestantes y a un aumento de la animadversión hacia las fuerzas del orden entre algunos sectores de la población.
